Por Fernando Limón Aguirre, investigador del Departamento Sociedad y Cultura
Otro 21 de febrero. Otro “día mundial de las lenguas maternas”. ¿Otro día para recordar cómo se les está maltratando a las lenguas que no son las encumbradas por parte de los Estados-nacionales, identificados con una sola sociedad y un solo idioma?
Este texto quisiera llegar a quienes laboran dentro de las instancias de gobierno, sobre todo de la Secretaría de Educación Pública. ¡Sepan que es en su cancha donde recae la principal responsabilidad de lo que está ocurriendo: el asesinato de las lenguas indígenas! Ya lo expresó con claridad Yásnaya Aguilar, escritora ayuujk/mixe ante los Diputados, cuando la ONU proclamaba al 2019 como Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Así que no hay más que de dos: o hacen algo diferente a lo que vienen haciendo o seguirán perpetrando tan atroz despropósito: el lingüicidio etnocida, la muerte de las culturas originarias, de las raíces culturales de todo México.
Ya que al parecer no hay poder humano que los frene, le toca a la sociedad, a los pueblos afectados y al gobierno en turno en cada una de sus carteras y acciones, esmerarse por lograr que tal asesinato no continúe. Nos corresponde quitarnos las manos de encima de quienes nos están ahorcando, exigirles respeto y hacer lo que podamos. Sin ingenuidad, la inercia de la SEP es continuar y seguir usando recursos del erario para eso. Pero, si su voluntad, como parte de una auto-elogiada 4T, es sincera, lo tiene que demostrar con acciones determinadas y contundentes.
El Censo poblacional de 2020 reporta 7 millones 364 mil 645 personas hablantes de alguna de las 68 lenguas originarias nacionales. Todas ellas son integrantes de la población indígena de nuestro país, cuyo total asciende a 11,800,247 personas. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas hablantes de la lengua de su propio pueblo, habitando en hogares dentro de sus propias localidades, comunidades y/o con sus familias, sólo son el 62.4%. Es lo mismo que decir que una de cada tres personas indígenas habitando con sus propias familias y/o comunidades no habla su idioma. 37.6% de personas indígenas -4,435,602- no habla su lengua y tienen por lengua materna al español, la lengua del dominador.
Tal cantidad de hablantes corresponde al 6.1% de la población total del país. Y, una vez más, ¿cómo podemos leer este dato? Este dato significa una disminución de medio punto porcentual respecto de 10 años atrás, que era el 6.6% (aun cuando la población indígena sigue teniendo una mayor tasa de natalidad; es decir que, incluso, debería crecer el porcentaje si las cosas se mantuvieran estables). En 1995, un año después del levantamiento zapatista que detonó los más grandes cambios en la relación de los pueblos originarios con el Estado mexicano, el porcentaje era de 6.84%. En otras palabras, con todo y las Mesas de Diálogo (los tan históricos Acuerdos de San Andrés, hace exactamente 25 años), los cambios legales de las últimas décadas, la fundación de instituciones nacionales, el año internacional de la lengua materna y la fanfarronería gubernamental al respecto e, incluso, toda acción verificada e implementada por los propios pueblos y comunidades, la merma en la población indígena que hable su idioma continúa.
La agonía de muchas lenguas avanza. ¡No es muerte por causa natural! ¡No es una eutanasia por elección libre y soberana! Es consecuencia de la asfixia y el dolor; de la horrenda discriminación;
de la cantidad enorme de recursos destinados a las políticas “nacionalistas” que, desde hace décadas, perpetran tal lingüicidio etnocida.
Hace 10 años había 1,096,512 personas monolingües hablantes de lenguas indígenas y ahora son 865,972. ¿Usted cree que es obra de una alfabetización en castellano? ¿No corresponde más bien a 200 mil personas menos, eliminadas con todo y su lengua, sus memorias, su cultura y su mundo? Si fuera obra de una alfabetización en apoyo a los pueblos indígenas y a su cultura, ¿no sería mejor la implementación de verdaderas campañas de alfabetización a la población monolingüe español? Esto modificaría los datos y la situación de las lenguas de los pueblos originarios. Esta consigna-tarea correspondería organizarla a la lingüicida-etnocida SEP, con la coadyuvancia del INALI (Instituto Nacional de Lenguas Indígenas) y del INPI (Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas), pero orquestada por los propios pueblos, representados por personas verdaderamente amantes de su lengua, su pueblo y su cultura.
La vida el futuro son derechos y elección de todo pueblo, con independencia de su condición rural o urbana. La población indígena no es la antípoda de la vida urbana. Nada tiene que ver una condición cultural, su lengua y su comunidad de vida, con quedar identificados-amarrados a un ámbito de organización espacial específico. Los pueblos y las culturas lo somos en movimiento, en constantes cambios. Hoy por hoy el 60.3% de la población hablante de una lengua indígena vive en localidades de menos de 2500 habitantes, en tanto que para las ciudades de entre 50 mil y 100 mil habitantes el dato corresponde al 2.4% y al 5.3% para el caso de las ciudades apenas mayores de 15 mil habitantes. Estos datos son precisamente los que hablan de la erradísima convención social de que lo urbano y lo indígena no son compatibles. Estos datos ponen de manifiesto uno de tantos mecanismos del sistema para desaparecer a los indígenas y a sus lenguas.
Las políticas favorables a los pueblos y a sus idiomas no deben restringirse a los espacios rurales, pues tan sólo en tres ciudades: la de México, San Cristóbal de Las Casas y Mérida son más de 250,000 hablantes de múltiples lenguas. Además de que debe tenerse en cuenta que decenas de ciudades, como la misma CdMx, corresponden a espacios fundados y hasta urbanizados por parte de los pueblos originarios. Políticas favorables a la diversidad lingüística nacional encontrarían en dichos espacios mucho éxito y con ellos se estaría ganando, además, en interculturalidad.
Constitucionalidad de los idiomas indígenas, diversidad de sistemas educativos, autonomía de los pueblos, respeto a sus territorios, políticas eficaces y veraces a favor del multiculturalismo y la interculturalidad, desquebrajamiento y rechazo absoluto a toda discriminación, educación en el aprecio real por nuestras raíces históricas, espacios urbanos de diálogo e interaprendizaje, enseñanza de las filosofías y las espiritualidades indígenas, reglas y criterios en las universidades favorables a los pueblos, sus culturas, mundos de vida y sus lenguas. Todo esto y más corresponde a una verdadera política de respeto a nuestras lenguas nacionales. En pocas palabras: respeto irrestricto a los derechos humanos en toda su lógica de integralidad e interdependencia.
Ni un solo indígena que no hable la lengua de su pueblo. Ni un solo mexicano ni una sola mexicana que no hable alguna de nuestras lenguas originarias y nacionales. ¿A quiénes les corresponde esta responsabilidad para que se verifique el respeto pleno a los derechos humanos como derechos universales? A múltiples instancias y sectores, pero la SEP debe comenzar a hacer lo propio.
TEXTO TAMBIEN PUBLICADO EN:
CHIAPAS PARALELO: https://www.chiapasparalelo.com/opinion/2021/02/uno-de-cada-tres-indigenas-tiene-como-idioma-materno-al-espanol/
