Gabriela Torres-Mazuera y Eric Vides Borrell
La ciencia ciudadana está en auge en México y el mundo. Este quehacer surge en diversos contextos nacionales como respuesta a las demandas ciudadanas y movilizaciones sociales que reclaman justicia ambiental, a fin de generar evidencia empírica consistente que contradice o desafía discursos oficiales sobre la inocuidad o supuesta seguridad de proyectos de desarrollo que suponen afectaciones medioambientales y ecológicas.
La ciencia ciudadana puede ser de muchos tipos, sin embargo, en este espacio, nos centraremos en los biomonitoreos ciudadanos que suponen una alianza de saberes. Desde hace tres décadas, los biomonitoreos son instrumentos de control y participación ciudadana que logran politizar debates en torno a proyectos tecno-científicos que se presentan como políticamente neutros y científicamente irrefutables. Un excelente ejemplo de ellos son los biomonitoreos de Organismos Genéticamente Modificados (OGMs) que han revelado el flujo de transgenes de un cultivo a otro y/o la contaminación con transgenes ya sea de semillas criollas o convencionales, o de áreas donde no existen permisos para su siembra o de alimentos que se supone son libre de ellos.
En México los biomonitoreos de OGMs han implicado una alianza de saberes entre personas y colectivos con trayectorias profesionales, capitales sociales, culturales y económicos y formas de conocimiento diversas, como son campesinos, científicos y activistas. Todas las anteriores colaborando en objetivos afines en un momento dado. La alianza de saberes para los biomonitoreos ciudadanos cuestiona el supuesto según el cual el único conocimiento válido y verdadero para evaluar el riesgo medioambiental es el producido de manera exclusiva por personas que aplican un conjunto de técnicas y métodos “científicos” y son avalados por instituciones académicas. Más aún, pone al descubierto el debate contemporáneo entre diferentes comunidades científicas, o epistémicas, en torno a ciertos temas polémicos como son los riesgos que suponen los organismos genéticamente modificados para la salud humana y el medio ambiente.
El debate desarrollado en México en torno al maíz y soya genéticamente modificados ilustra bien la divergencia de visiones en torno a los riesgos de los OGMs. Los grupos y personas en oposición a los cultivos transgénicos tienen entre sus motivaciones los riesgos ambientales y a la salud humana que suponen estos organismos, pero sobre todo hacen una fuerte crítica al giro neoliberal de la política agrícola del gobierno mexicano que desde la firma comercial del TLCAN optó por la importación de maíz “barato y transgénico” con repercusiones claramente negativas para los pequeños productores, los modos de vida de campesinos e indígenas y el riesgo que representan a los centros de origen y diversidad de los maíces criollos.
La falta de respuesta estatal a las exigencias ciudadanas para la regulación de los OGMs siguiendo el principio precautorio y una política efectiva de bioseguridad ha generado diversas reacciones entre las organizaciones de la sociedad civil que se oponen a los transgénicos. Una de ellas ha sido, en palabras de Ana de Ita la “defensa social autónoma” . Un ejemplo muy ilustrativo fue la creación en 2002 de la coalición “En defensa del maíz”.
La coalición de organizaciones que se sumaron a la red “En defensa del maíz” tuvo entre sus objetivos realizar biomonitoreos ciudadanos en comunidades campesinas de todo el país para identificar la posible contaminación de los maíces nativos por flujo transgénico. Entre 2003 y 2005 organizaciones que participan en la Red evaluaron más de 500 parcelas con milpas campesinas en 150 comunidades de once estados de la República. Los biomonitoreos ciudadanos revelaron contaminación en parcelas de maíces nativos en 18 de las 104 comunidades muestreadas en nueve estados del país.
Otro caso de biomonitoreo ciudadano exitoso de OGMs sucede en la Península de Yucatán donde la Secretaría de Agricultura (Sagarpa), otorgó en 2012, un permiso a Monsanto para el cultivo en fase comercial de soya genéticamente modificada. Este permiso fue dado con el aval de Semarnat, instancia que ignoró los tres dictámenes negativos de las dependencias del gobierno que la conforman: el entonces Instituto Nacional de Ecología (INE), la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp). Las tres instituciones dieron dictámenes negativos en los que señalaban el riesgo de contaminación del manto freático por glifosato, los daños a la biodiversidad y los riesgos de contaminación por huracanes que implicaría la siembra de soya transgénica en la Península de Yucatán.
Apicultores y grupos apícolas de Yucatán y Campeche, impugnaron el permiso y lograron en 2015 una sentencia favorable por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que estableció la suspensión del permiso hasta que se realizara una consulta libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe a las comunidades mayas potencialmente afectadas por la liberación de transgénicos.
Una de las principales batallas que entablaron los integrantes de las comunidades mayas durante dicha consulta fue exigir a las autoridades que garantizaran que la soya GM no sería cultivada en el municipio de Hopelchén, en tanto la sentencia de la SCJN estuviese vigente. También pidieron colaborar con el gobierno, desde su conocimiento territorial, a la vigilancia y prevención de la siembra de soya GM. En cuatro acaloradas reuniones con funcionarios del Servicio nacional de sanidad e inocuidad y calidad agroalimentaria (Senasica) dependencia de la Secretaría de agricultura encargada de otorgar los permisos para OGMs agrícolas, representantes de las comunidades mayas hicieron una propuesta de monitoreo y exigieron información clara y oportuna sobre el trabajo de vigilancia que se venía haciendo y más importante aún, sobre las sanciones a los infractores de la prohibición.
El empuje de apicultores y demás habitantes de las comunidades de Hopelchén, en particular de mujeres mayas preocupadas por el futuro y salud de sus hijos y comunidades para abrir la discusión fue, sin embargo, rechazado por las autoridades. Desde la perspectiva de los funcionarios de Senasica y Cibiogem, de la administración anterior, la bioseguridad era una noción de carácter muy acotado e incompatible con la discusión o el acompañamiento ciudadano. En particular, resultaba inconcebible la participación ciudadana en los biomonitoreos que debía realizar Senasica, ya que ésta no estaba definida en ninguna ley. No obstante, campesinos y apicultores mayas lograron documentar en 2017 la presencia de soya GM en 23 mil hectáreas del Estado de Campeche. El hallazgo de plantas de soya GM en áreas no autorizadas obligó a que Senasica en 2018 revocara el permiso otorgado a Monsanto en todo el país. Los monitoreos ciudadanos incluso han sido más frecuentes, extensivos y eficientes que los monitoreos gubernamentales en ciertas regiones del país, logrando ser guías y referencias para los monitoreos a cargo del gobierno.
La alianza de saberes para los biomonitoreos de OGMs significa “suma de saberes complementarios” para alcanzar un fin concreto. En este caso, los saberes territoriales de campesinos e indígenas se conjugaron exitosamente al conocimiento técnico y científico que aportaron científicos con el objetivo de superar las limitaciones técnico-científicos impuestas por la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados. Las experiencias de biomonitoreos ciudadanos de OGMs en México, revelan la importancia de la participación ciudadana para velar por la bioseguridad en una región específica. Solo los habitantes de una región pueden estar al tanto de los cambios en los ecosistemas, relativos a factores exógenos como cultivos transgénicos, fumigaciones aéreas, deforestación, muerte masiva de abejas entre otros eventos de deterioro ambiental. Solo ellos, los directamente afectados, tienen la motivación y legitimidad suficiente para generar mecanismos de vigilancia y control con una cobertura suficiente que garantice, en sentido integral, la bioseguridad en un territorio rural donde las instituciones del estado ya sea que tienen poco alcance o muy poca voluntad para hacerlo.
Este último asunto es clave para comprender el fracaso de la bioseguridad en México: a pesar de la prohibición legal para cultivar soya GM en la Península de Yucatán, este cultivo persiste y aumenta. Incluso con la actual administración del gobierno federal que ha mostrado interés para erradicar la siembra de variedades de cultivos GM, la soya GM persiste en su cultivo. En este contexto se hace más necesaria que nunca una discusión y acciones concretas donde participen actores de la sociedad civil con diferentes perspectivas en torno a los OGMs.
Los biomonitoreos ciudadanos de OGMs han puesto en cuestión el enfoque de participación ciudadana pasiva implícito en el Protocolo de Cartagena de bioseguridad y en la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados y son una propuesta concreta para democratizar la política de bioseguridad en México.
Gabriela Torres-Mazuera y Eric Vides Borrell
Nota: Este texto es un extracto del artículo: “Democratizar la bioseguridad en territorios con diversidad biocultural: la apuesta por una alianza de saberes en México” fue publicado por Journal of Political Ecology (Vol 27:2). Fue escrito por los mismos autores.
Referencias
Kimura, A., Kinchy A. J. “Citizen Science: Probing the Virtues and Contexts of Participatory Research”, Engaging Science, Technology, and Society, 2016, pp. 331-336.
Bonneuil C. “Cultures épistémiques et engagement des chercheurs dans la controverse OGM”, Natures Sciences Société, 2006, 14(3), pp. 257–268.
De Ita, A. “La defensa internacional del maíz contra la contaminación transgénica en su centro de origen”, El Cotidiano (173), 2012.
Kinchy, A. J.“Anti-genetic engineering activism and scientized politics in the case of “contaminated Mexican maize”, Agriculture and Human Values, 2010
Rivera Lopez, F. Análisis de la presencia de proteínas de maíces genéticamente modificados en variedades de maíz nativo en México. (Licenciatura en Biología), Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, 2009.
Torres-Mazuera G., y Ramírez-Espinoza N. “How a Legal Fight Against Monsanto became an Indigenous Self-Determination Claim in Mexico”, Journal of Human Rights Practice. 2022.
Colín M. Bio(in)seguridad en México. Permiso de soya transgénica para Monsanto y la siembra ilegal de soya en el estado de Campeche, México, Greenpeace, 2018.
TEXTO PUBLICADO EN: https://medioambiente.nexos.com.mx/ciencia-ciudadana-democratizar-la-bioseguridad-en-mexico/
