Académicas de ECOSUR presentan proyectos en el Encuentro del Fondo Sectorial de Investigación y Desarrollo INMUJERES-Conacyt

El 20 de septiembre, la Dra. Martha García Ortega y la Dra. Angélica Evangelista García, investigadoras del Departamento de Sociedad y Cultura de El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), participaron en el III Encuentro Académico del Fondo Sectorial de Investigación y Desarrollo INMUJERES-Conacyt realizado en la Ciudad de México. Este encuentro tuvo el objetivo de difundir los avances, resultados y alcances de los proyectos apoyados mediante este fondo sectorial en las convocatorias 2014, 2015 y 2016.

El III Encuentro Académico también fue un espacio de análisis con las funcionarias y los funcionarios del sector público invitados con el propósito de promover el uso de las investigaciones como insumos para el diseño de políticas públicas. Entre los asistentes estaban representantes de CONAPRED, el IMJUVE, SEDESOL, la Secretaria de Marina, la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe, y del Instituto Federal de Telecomunicaciones.

La presentación de los proyectos apoyados por el fondo INMUJERES-Conacyt se organizó en cuatro mesas temáticas: Recursos productivos y financieros para las mujeres y empoderamiento; Promoción de las Tecnologías de la Información y género; Violencia contra las mujeres y acceso a la justicia y Trabajo de cuidados no remunerado.

La Dra. Martha García presentó su proyecto “Destajo, tarea, servicio o jornal para mujeres (locales y migrantes) en la agroindustria azucarera: mercado de trabajo frente a la reconversión productiva”, que tiene el objetivo de realizar un diagnóstico nacional sobre las condiciones de la inserción femenina en el sector azucarero en las ocupaciones agrícolas y de servicios. Esta investigación se centra en el periodo de la cosecha de la caña de azúcar, fase que reactiva la economía de las regiones productoras.

Por su parte, la Dra. Angélica Evangelista presentó su proyecto “Violencia de género en ámbitos comunitarios entre estudiantes de universidades interculturales de Chiapas, Tabasco y Quintana Roo”, que tiene el objetivo de identificar y comprender desde un enfoque interseccional las diferentes formas de violencia de género en el ámbito comunitario que experimentan estudiantes universitarias en distintos contextos locales del sureste de México al vincularse al desarrollo de sus localidades de origen, municipios y regiones.

Ambos proyectos corresponden a la convocatoria 2016 y recibieron el apoyo en junio del año en curso por lo que acaban de iniciar actividades. Otros proyectos presentados se encontraban en etapas más avanzadas y algunos habían concluido.

El evento fue presidido por el Comité Técnico y de Administración del Fondo Sectorial de Investigación y Desarrollo INMUJERES-Conacyt. En este sentido la presentación del fondo estuvo a cargo de la Dra. Julia Tagüeña, directora adjunta de desarrollo científico del Conacyt y vocal del comité, y la Lic. Marcela Eternod, secretaria ejecutiva y suplente de la presidencia del INMUJERES, además de presidenta del comité.

Durante la jornada de presentaciones moderaron las mesas de análisis, la directora de investigación aplicada del Conacyt, la directora de estadística, información y formación en género y la directora de integración, evaluación e investigación del INMUJERES.

 

Realizan conferencia sobre prevención de violencia de género en la Unidad Villahermosa

Los integrantes del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses (CEPCI) de la Unidad Villahermosa de El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), con el apoyo de la Dirección de Unidad y la Administración, organizaron la conferencia “Prevención de Violencia de Género”, a cargo de la trabajadora social Ana Ysabel Ramón de la Cruz, facilitadora del Instituto Estatal de las Mujeres de Tabasco (IEM), el 2 de marzo.

Melina Carballo, integrante del CEPCI, abrió el evento agradeciendo a las personas por su asistencia y explicando brevemente los fundamentos principales del Comité.

La conferencia tuvo como objetivo que las personas presentes analizaran el fenómeno de la violencia de género de manera autoreflexiva, identificando los retos para su erradicación en sus conductas cotidianas.

En su intervención, la ponente señaló que la discriminación por género, no se refiere al sexo biológico, sino a los roles sociales establecidos para hombres y mujeres, a través de los estereotipos, sus oportunidades económicas, sociales y culturales, las diferencias de derechos, el estatus y poder que determinan la posición de hombres y mujeres en nuestro entorno y cómo se definen las conductas que se consideran adecuadas o transgresoras para cada uno de los sexos.

De esa manera, precisó que el género es una construcción social que diferencia lo masculino de lo femenino con base en el sexo de las personas y que si bien es cierto que los hombres pueden ser objeto de discriminación, son las mujeres quienes sufren la mayor opresión debido a la desigualdad social entre los géneros.

Posteriormente se presentaron tres videos que mostraron la persistencia de estereotipos discriminatorios que obstaculizan el acceso y la atención de justicia para las mujeres.

Esta actividad se enmarca dentro de las acciones de sensibilización a la comunidad ecosureña para promover una reflexión crítica de nuestra conducta con dentro y fuera de la institución. Asistieron aproximadamente 20 personas de diversas áreas de la unidad: administración, investigación, informática, posgrado, y servicios de limpieza.

La actividad fue organizada por Melina Carballo Segovia, Magdalena Hernández y Armando Hernández de la Cruz, integrantes del CEPCI en la Unidad Villhermosa.

Violencia política de género en Chiapas

Abraham Mena Farrera*, Juan Iván Martínez Ortega* y Ariadna Martínez Olvera**
*Técnicos académicos y ** estudiante de El Colegio de la Frontera Sur

Este 2017, en Coahuila y Nayarit se elegirán ayuntamientos, diputaciones locales y gubernatura; en el Estado de México habrá elecciones sólo de gobernador/a y en Veracruz sólo de ayuntamientos. La gubernatura, es el cargo de mayor importancia a nivel local y el que más atención pública atrae; para ese cargo, en Coahuila una de siete contendientes es mujer; en el Estado de México de seis candidaturas, tres son de mujeres y en Nayarit los ocho candidatos son hombres. Sólo en el Estado de México hay posibilidades reales de que una mujer gobierne la entidad, de acuerdo con las encuestas.

Desde 1953, fecha en que se otorgó a las mujeres el derecho a ser votadas a nivel federal, quienes han llegado a ocupar cargos de elección popular, lo han hecho con dificultades estructurales y simbólicas. No obstante, también se han tenido avances, principalmente desde la década de los noventas con las leyes de cuotas que iniciaron en 1993 y que avanzaron hasta lograr la paridad en 2014, año en que se reformó la Constitución general para obligar a los partidos políticos a postular a igual número de mujeres y de hombres en candidaturas para integrar las legislaturas federal y estatales.

No obstante, más que los jurídicos, los cambios estructurales y culturales son los más difíciles por ser los de mayor arraigo en la sociedad. Un ejemplo es Chiapas, entidad que tuvo elecciones locales y federales en 2015 cuando ya estaba en vigor la obligatoriedad de la paridad; aspecto que no impidió que las mujeres fuesen objeto de discriminación, de hecho, lo que ocurrió es que se reconfiguró de manera distinta la forma de ejercer violencia política contra ellas.

En ese marco, realizamos un estudio cualitativo cuyo objetivo consistió en analizar las formas en que se manifestó la violencia política de género contra las mujeres que participaron en las contiendas electorales de 2015 en Chiapas. El fenómeno se documentó por medio de redes sociales que dieron cuenta de lo acontecido antes, durante y después de los comicios; se consideraron datos que tuvieron tráfico alto y dejaron rastro en Facebook y Youtube. También fueron consideradas notas de diarios nacionales y locales que circulaban en la web en las que se exhibían y denunciaban acciones de acoso y violencia contra las mujeres que competían por un cargo de elección popular.

A partir de ello, observamos que en Chiapas persiste un contexto de discriminación, desigualdad y violencia relacionada con la manera en que la construcción social de género define cuáles son los espacios válidos y legítimos para hombres y mujeres. Estas nociones, continúan asignando a los primeros el lugar de lo público/político y a las segundas el de lo privado/doméstico; cuando no sucede así, y se transgrede ese orden, por ejemplo, cuando las mujeres desean participar en lo político/electoral, las transgresiones se castigan con humillaciones públicas y cuestionamientos a su moralidad y capacidad para tomar decisiones, tal como lo documentamos en el estudio realizado.

A las expresiones de violencia ejercidas en ese espacio público/político/electoral se les denomina violencia política de género porque la construcción sociocultural de la diferencia sexual es la base en la que se justifica y legitima. Ello, impide la participación equitativa entre hombres y mujeres y propicia que el ingreso y desarrollo en la actividad política sea difícil y en desventaja para ellas.

Durante los comicios en Chiapas, las instituciones y partidos políticos simularon el cumplimiento de la paridad; algunos partidos postularon a mujeres con cercanía familiar para que después de ser electas renunciaran y fueran relevadas por hombres. Asimismo, hubo resistencias culturales por parte de habitantes de algunos municipios ante el hecho de ser gobernados por una mujer, lo que derivó en la intensificación de la violencia, que se expresó en agresiones físicas y psicológicas, amenazas de violación y muerte, quema de propiedades, manifestaciones y toma de carreteras. Se pretendía hacer renunciar a las mujeres desde que eran candidatas y también cuando resultaron electas.

El análisis destaca la necesidad de prever, que reformas progresistas como la de la paridad pueden generar resistencia de algunos actores por lo que es importante anticipar medidas para resolver los conflictos que pudieran presentarse al aplicar la ley. El estudio se realizó antes de la última reforma a la Constitución Política de Chiapas del 29 de diciembre de 2016, en cuyos considerandos definen la violencia política como “todas aquellas acciones u omisiones que restringen o vulneran el ejercicio y el goce de los derechos políticos de cualquier persona, ejercida por una autoridad, partido político o un particular”.

Asimismo, se reconoce que “la violencia política se ejerce mayoritariamente en contra de las mujeres que deciden participar en la vida política de nuestra entidad, en su aspiración por ocupar espacios públicos de dirección y toma de decisiones” y se asume la importancia de que “en la Constitución Política del Estado… y las leyes secundarias se contemplen las garantías necesarias tendentes a proteger a las mujeres de la violencia política ejercida en su contra”. Con esa justificación, es que el nuevo texto constitucional establece, respectivamente, en los artículos 8, 9 y 30 el derecho de las mujeres a la protección efectiva contra la violencia en procesos electorales y post-electorales; la obligación del gobierno de impulsar políticas públicas para la “prevención, protección y atención para el cumplimiento de una vida libre de violencia política para las mujeres”; y, la paridad horizontal, vertical y transversal en la postulación de candidaturas al congreso estatal y ayuntamientos. También se afirma en el artículo 30 que “la vida sin violencia política es paritaria para hombres y mujeres en Chiapas, independientemente de prácticas comunitarias o usos y costumbres”.

Consideramos que los cambios a la Constitución del Estado de Chiapas, en parte, se presentaron como una respuesta a la crisis política causada por los conflictos generados por las manifestaciones de violencia política contra las mujeres expresadas antes, durante y después de los comicios de 2015; además, por la presión de la sociedad civil, por ejemplo, de la Red por la Paridad Efectiva (REPARE) que en tiempos electorales estuvo denunciando los casos de violencia política contra las mujeres y el incumplimiento a la ley por parte de los partidos políticos.

La reforma significa un gran avance en materia de derechos políticos para las mujeres, no obstante, aún faltan las leyes secundarias que materialicen ese avance y, como quedó de manifiesto en el estudio citado, se debe anticipar que ante avances como ese, las expresiones de violencia política contra las mujeres se pueden reconfigurar de maneras distintas porque, como ya decíamos, los cambios culturales son más difíciles que los jurídicos.

De cara a las elecciones estatales de 2017 y las federales en 2018, confiamos en que los logros de las mujeres en materia de derechos políticos brinden un escenario de competencia equitativa y libre de violencia política de género.

 

Leer artículo completo:

“Manifestaciones de la violencia política de género en las contiendas electorales 2015 en el estado de Chiapas. Notas para el análisis” (Mena Farrera, Martínez Ortega, Martínez Olvera, 2017)