Abraham Mena Farrera*, Juan Iván Martínez Ortega* y Ariadna Martínez Olvera**
*Técnicos académicos y ** estudiante de El Colegio de la Frontera Sur

Este 2017, en Coahuila y Nayarit se elegirán ayuntamientos, diputaciones locales y gubernatura; en el Estado de México habrá elecciones sólo de gobernador/a y en Veracruz sólo de ayuntamientos. La gubernatura, es el cargo de mayor importancia a nivel local y el que más atención pública atrae; para ese cargo, en Coahuila una de siete contendientes es mujer; en el Estado de México de seis candidaturas, tres son de mujeres y en Nayarit los ocho candidatos son hombres. Sólo en el Estado de México hay posibilidades reales de que una mujer gobierne la entidad, de acuerdo con las encuestas.

Desde 1953, fecha en que se otorgó a las mujeres el derecho a ser votadas a nivel federal, quienes han llegado a ocupar cargos de elección popular, lo han hecho con dificultades estructurales y simbólicas. No obstante, también se han tenido avances, principalmente desde la década de los noventas con las leyes de cuotas que iniciaron en 1993 y que avanzaron hasta lograr la paridad en 2014, año en que se reformó la Constitución general para obligar a los partidos políticos a postular a igual número de mujeres y de hombres en candidaturas para integrar las legislaturas federal y estatales.

No obstante, más que los jurídicos, los cambios estructurales y culturales son los más difíciles por ser los de mayor arraigo en la sociedad. Un ejemplo es Chiapas, entidad que tuvo elecciones locales y federales en 2015 cuando ya estaba en vigor la obligatoriedad de la paridad; aspecto que no impidió que las mujeres fuesen objeto de discriminación, de hecho, lo que ocurrió es que se reconfiguró de manera distinta la forma de ejercer violencia política contra ellas.

En ese marco, realizamos un estudio cualitativo cuyo objetivo consistió en analizar las formas en que se manifestó la violencia política de género contra las mujeres que participaron en las contiendas electorales de 2015 en Chiapas. El fenómeno se documentó por medio de redes sociales que dieron cuenta de lo acontecido antes, durante y después de los comicios; se consideraron datos que tuvieron tráfico alto y dejaron rastro en Facebook y Youtube. También fueron consideradas notas de diarios nacionales y locales que circulaban en la web en las que se exhibían y denunciaban acciones de acoso y violencia contra las mujeres que competían por un cargo de elección popular.

A partir de ello, observamos que en Chiapas persiste un contexto de discriminación, desigualdad y violencia relacionada con la manera en que la construcción social de género define cuáles son los espacios válidos y legítimos para hombres y mujeres. Estas nociones, continúan asignando a los primeros el lugar de lo público/político y a las segundas el de lo privado/doméstico; cuando no sucede así, y se transgrede ese orden, por ejemplo, cuando las mujeres desean participar en lo político/electoral, las transgresiones se castigan con humillaciones públicas y cuestionamientos a su moralidad y capacidad para tomar decisiones, tal como lo documentamos en el estudio realizado.

A las expresiones de violencia ejercidas en ese espacio público/político/electoral se les denomina violencia política de género porque la construcción sociocultural de la diferencia sexual es la base en la que se justifica y legitima. Ello, impide la participación equitativa entre hombres y mujeres y propicia que el ingreso y desarrollo en la actividad política sea difícil y en desventaja para ellas.

Durante los comicios en Chiapas, las instituciones y partidos políticos simularon el cumplimiento de la paridad; algunos partidos postularon a mujeres con cercanía familiar para que después de ser electas renunciaran y fueran relevadas por hombres. Asimismo, hubo resistencias culturales por parte de habitantes de algunos municipios ante el hecho de ser gobernados por una mujer, lo que derivó en la intensificación de la violencia, que se expresó en agresiones físicas y psicológicas, amenazas de violación y muerte, quema de propiedades, manifestaciones y toma de carreteras. Se pretendía hacer renunciar a las mujeres desde que eran candidatas y también cuando resultaron electas.

El análisis destaca la necesidad de prever, que reformas progresistas como la de la paridad pueden generar resistencia de algunos actores por lo que es importante anticipar medidas para resolver los conflictos que pudieran presentarse al aplicar la ley. El estudio se realizó antes de la última reforma a la Constitución Política de Chiapas del 29 de diciembre de 2016, en cuyos considerandos definen la violencia política como “todas aquellas acciones u omisiones que restringen o vulneran el ejercicio y el goce de los derechos políticos de cualquier persona, ejercida por una autoridad, partido político o un particular”.

Asimismo, se reconoce que “la violencia política se ejerce mayoritariamente en contra de las mujeres que deciden participar en la vida política de nuestra entidad, en su aspiración por ocupar espacios públicos de dirección y toma de decisiones” y se asume la importancia de que “en la Constitución Política del Estado… y las leyes secundarias se contemplen las garantías necesarias tendentes a proteger a las mujeres de la violencia política ejercida en su contra”. Con esa justificación, es que el nuevo texto constitucional establece, respectivamente, en los artículos 8, 9 y 30 el derecho de las mujeres a la protección efectiva contra la violencia en procesos electorales y post-electorales; la obligación del gobierno de impulsar políticas públicas para la “prevención, protección y atención para el cumplimiento de una vida libre de violencia política para las mujeres”; y, la paridad horizontal, vertical y transversal en la postulación de candidaturas al congreso estatal y ayuntamientos. También se afirma en el artículo 30 que “la vida sin violencia política es paritaria para hombres y mujeres en Chiapas, independientemente de prácticas comunitarias o usos y costumbres”.

Consideramos que los cambios a la Constitución del Estado de Chiapas, en parte, se presentaron como una respuesta a la crisis política causada por los conflictos generados por las manifestaciones de violencia política contra las mujeres expresadas antes, durante y después de los comicios de 2015; además, por la presión de la sociedad civil, por ejemplo, de la Red por la Paridad Efectiva (REPARE) que en tiempos electorales estuvo denunciando los casos de violencia política contra las mujeres y el incumplimiento a la ley por parte de los partidos políticos.

La reforma significa un gran avance en materia de derechos políticos para las mujeres, no obstante, aún faltan las leyes secundarias que materialicen ese avance y, como quedó de manifiesto en el estudio citado, se debe anticipar que ante avances como ese, las expresiones de violencia política contra las mujeres se pueden reconfigurar de maneras distintas porque, como ya decíamos, los cambios culturales son más difíciles que los jurídicos.

De cara a las elecciones estatales de 2017 y las federales en 2018, confiamos en que los logros de las mujeres en materia de derechos políticos brinden un escenario de competencia equitativa y libre de violencia política de género.

 

Leer artículo completo:

“Manifestaciones de la violencia política de género en las contiendas electorales 2015 en el estado de Chiapas. Notas para el análisis” (Mena Farrera, Martínez Ortega, Martínez Olvera, 2017)