Alejandro Espinoza-TenorioEl Colegio de la Frontera Sur | Jorge TorreComunidad y Biodiversidad A.C., | Magdalena Jiménez-RamírezEl Colegio de la Frontera Sur
El mar ha sido históricamente una pieza clave de la historia de la humanidad. Sus riquezas han sido fuente de alimento y trabajo para las culturas que han sabido adaptarse a su dinamismo al echar mano de su conocimiento, creatividad y –muchas veces– necesidad. Los pueblos que dependen del cultivo y extracción de recursos acuáticos en el mundo del s. XXI son herederos de esas tradiciones, y se aferran a ellas para superar enormes y multicausales desafíos como la pérdida de biodiversidad, el cambio climático, la contaminación de los ecosistemas marinos y el agotamiento de los recursos pesqueros.
La gran mayoría de estos hombres y mujeres viven en zonas rurales donde aún continúan utilizando técnicas y herramientas elementales para, día a día, extraer o producir recursos acuáticos. La producción a través de herramientas y técnicas artesanales puede ser menor en comparación a flotas pesqueras industriales o acuicultura extensiva, pero es de enorme importancia para las economías locales y, sobre todo, para el bienestar de millones de familias que sin la pesca o la acuicultura enfrentarían aún peores condiciones de pobreza y vulnerabilidad. Además, las personas que se dedican a la pesca y acuicultura artesanal, o en pequeña escala, siguen sin tener acceso y control sobre los recursos, activos, créditos, información, capacitación y tecnología. Pocas veces son considerados en la toma de decisiones.
Es por ello que la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 2022 como el año Internacional de la Pesca y Acuicultura Artesanal (AIPAA 2022). Los objetivos del AIPAA 2022 son: 1) aumentar la conciencia sobre la contribución de la pesca y la acuicultura en pequeña escala a la seguridad alimentaria y la nutrición, la erradicación de la pobreza y el uso de los recursos naturales; y b) promover el diálogo y la colaboración entre las mujeres y hombres de la pesca, la acuicultura y personas relacionadas al sector pesquero, los gobiernos y otros socios clave a lo largo de la red de suministro, así como seguir reforzando su capacidad para mejorar la sostenibilidad de la pesca y la acuicultura y mejorar su desarrollo social y su bienestar.
En este número buscamos visibilizar la importancia de la pesca y acuicultura artesanal en México, así como en otros países en América Latina. Se describen los retos que se enfrentan en ambas actividades, aunque se priorizan los avances en la búsqueda de la pesca y acuicultura sostenible, desde la voz de las personas asociadas con la pesca y la acuicultura artesanal. •
Las plantaciones de palma aceitera se están expandiendo en América Latina debido a la demanda mundial de alimentos y biocombustibles, y gran parte de esta expansión se ha producido a expensas de importantes ecosistemas tropicales. Sin embargo, existe un conocimiento limitado sobre los efectos en los ecosistemas acuáticos cercanos a los paisajes dominados por la palma aceitera. En este estudio, utilizamos imágenes Landsat 7 ETM+, Landsat 8 OLI e imágenes de alta resolución en Google Earth para mapear la extensión actual de las plantaciones de palma aceitera y determinamos la cobertura del suelo anterior al uso de la tierra (LULC) en la cuenca del río Usumacinta como un caso. Sitio de Estudio. Además, evaluamos la proximidad del cultivo con los ecosistemas acuáticos distribuidos en las llanuras aluviales del Usumacinta y sus posibles efectos. Con base en nuestros hallazgos, el cambio más significativo se caracterizó por la expansión de las áreas de cultivo de palma aceitera principalmente a expensas de la selva tropical regional y tierras previamente intervenidas (ej. vegetación secundaria y agricultura). Aunque la clase de ecosistema acuático (p. ej., ríos, lagunas y canales) disminuyó en superficie alrededor de un 3 % durante el período de estudio (2001–2017), el cambio no se debió a la expansión de las tierras de palma aceitera. Sin embargo, encontramos que más del 50% de los cultivos de palma aceitera están cerca (entre 500 y 3000 m) de ecosistemas acuáticos y esto podría tener impactos ambientales significativos en la calidad del agua y los sedimentos. Los cultivos de palma aceitera tienden a concentrarse espacialmente en la ecorregión del Alto Usumacinta (Guatemala), que es reconocida como un área de importante endemismo de peces.
Investigadores de Ecosur realizan un importante trabajo para cuidar los recursos naturales de la zona
El estado de Quintana Roo, ubicado en la frontera sur de México, tiene una ubicación geográfica privilegiada. Las playas de aren a blanca bordeadas por el azul turquesa del mar Caribe, los majestuosos arrecifes, así como lagunas y manglares, reconocidos mundialmente por su belleza, son rasgos naturales de esta región, que evidencian el complejo mosaico de ecosistemas estrechamente interconectados y naturalmente frágiles.
Estos ecosistemas, además de tener una gran relevancia ecológica, son importantes polos turísticos y lugares de interés para inversionistas nacionales e internacionales, principalmente Cancún, la Riviera Maya, Tulum, ubicados en el norte del Estado, y en años más recientes, Mahahual y Bacalar, localizados en el sur de Quintana Roo.
Laguna de Bacalar
También conocida como Laguna de los Siete Colores, se ubicada a 35 Km de Chetumal, la ciudad capital. Bacalar es el cuerpo de agua dulce más grande de la península de Yucatán, tiene una longitud aproximada de 60 km, entre 20 m y 2 km de ancho y sus niveles de profundidad van desde 15 cm hasta 80 m.
El suelo kárstico (roca caliza) que contiene al agua dulce y cristalina, sus estrechos canales y cenotes, son el marco de una magnífica postal de increíbles tonos de azules. Su riqueza biológica se distingue por albergar el mayor arrecife de estromatolitos de agua dulce del mundo, considerados como la forma de vida más antigua del planeta, y por poseer una gran diversidad de humedales y manglares, donde habitan especies como la espátula rosada, la garza blanca y gris, la cigüeña, el mono araña y el puma.
Promotores de cambio
La historia de Bacalar se remonta al siglo XVII cuando se construyó el fuerte de San Felipe de Bacalar, como punto de la defensa española en la costa oriental de la península de Yucatán. Desde entonces, las actividades socioeconómicas de la región se han centrado en la costa oeste de la laguna, donde se desarrollan los principales asentamientos humanos y se asienta la cabecera municipal. Es a partir de la incorporación de Bacalar al Programa de Pueblos Mágicos en 2006 y el arribo masivo de sargazo a las costas de Quintana Roo que la promoción turística de este sitio aumentó exponencialmente.
Según datos presentados en la Tarjeta de Reporte de Laguna Bacalar (2021) “en la última década, Bacalar ha sufrido una saturación turística del 750 por ciento entre 2009 y 2019, lo cual ha impulsado la construcción de infraestructura hotelera en 275 por ciento, y el incremento de 377 por ciento para casas y habitaciones de agentes privados”. La construcción de nuevos espacios para satisfacer los servicios que demanda el turismo nacional e internacional ha provocado la inherente transformación de los espacios naturales.
Manglares y humedales
Los manglares y humedales son ecosistemas de gran importancia, tanto para el mantenimiento de la biodiversidad como para las comunidades locales por la amplia variedad de servicios ambientales que aportan como son la cobertura forestal, hábitat de fauna, generación de oxígeno, fuente de alimento y nutrientes, almacén de carbono, filtran y almacenan agua y regulan el clima.
Los humedales se caracterizan por permaner inundados con agua dulce, salada o salobre —mezcla de agua dulce y salada— temporal o permanente y cumplen la función de conectar a los ecosistemas terrestres y acuáticos, pueden depender o no de la influencia de las mareas. Entre los diferentes tipos de humedales destacan los manglares, en México se distribuyen seis especies de mangle y todas se encuentran en algún estatus de protección de acuerdo con la legislación y normatividad vigente. Dos de las seis especies, Mangle rojo (Rhizophora mangle) y Mangle Botoncillo (Conocarpus erectus), se distribuyen en Bacalar.
Por la gran variedad de servicios que aportan, los manglares son considerados ecosistemas altamente valiosos por lo que se han promovido acuerdos y tratados internacionales para su conservación, como la Convención relativa a los humedales de importancia internacional, especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas (RAMSAR). México dispone de una superficie total aproximada de manglares de 775,555 ha (Conabio2017), cuenta con el mayor número de sitios Ramsar 142 y es Quintana Roo el estado con la mayor extensión de manglares en el país.
Aunque tienen una gran importancia ecológica y social, los manglares actualmente se encuentran bajo una fuerte presión debido a las actividades humanas. Según datos del Banco Mundial (2019), en algunos países de América Latina y el Caribe, incluido México, se perdió durante las últimas décadas del siglo XX entre el 25 y el 70 por ciento de la cobertura de manglares.
Los datos más recientes obtenidos por investigaciones de El Colegio de la Frontera Sur ( Ecosur) indican que hasta 2020, 212 ha, que representan el 3 por ciento de la vegetación que bordea la Laguna Bacalar, han sido modificadas. Actualmente es posible observar muchos predios marcados como propiedad privada a orillas de la laguna y la especulación del territorio sigue al alza, lo que potencialmente incrementará el actual deterioro de los manglares.
Evidencias del deterioro
La pérdida de la vegetación que rodea a la laguna afecta sensiblemente la salud del sistema, como pudimos observar en junio del 2020 cuando el material arrastrado por las intensas lluvias provocadas por la tormenta tropical Cristóbal entró a la laguna sin que la perforada barrera de manglares y humedales pudiera amortiguarlo. Esta situación ocasionó que Bacalar perdiera sus tonalidades azules y se convirtiera en una laguna de tonos verde y marrón, sin que a la fecha logre reponerse del impacto en su totalidad.
¿Cuánto tardará en recuperarse completamente? ¿Qué pasa si ocurre un evento similar? ¿Estamos preparados para otro cambio? La modificación de la coloración de laguna Bacalar es un indicador de su delicada condición, por lo que es urgente sumar voluntades para mantener su integridad.
Para contribuir al cuidado y conservación de Laguna Bacalar, investigadoras e investigadores de Ecosur-Unidad Chetumal, del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN (Cinvestav-Mérida) y de la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la UNAM (ENES-Mérida), con el apoyo de autoridades municipales, patrocinio de la comunidad organizada de Bacalar y la participación de 17 personas voluntarias, realizamos el Muestreo Participativo para el Inventario y Diagnóstico de los Ecosistemas de Manglar de Laguna Bacalar (abril y mayo, 2021). Entre los resultados obtenidos destacan la caracterización y mapeo de los manglares y humedales de Bacalar, Quintana Roo, que puede consultarse y descargarse en https://www.ecosur.mx/realizan-folleto-manglares-y-humedales-de-bacalar-quintana-roo.
Acciones como esta evidencian la importancia de fortalecer el trabajo colaborativo para el cuidado de nuestros recursos naturales. Con los resultados obtenidos buscamos promover y facilitar acciones conjuntas en pro de la conservación, la salud y belleza de Laguna de Bacalar, de la cual todos somos partícipes directa o indirectamente.
En este artículo se presenta una breve narrativa del papel jugado por distintas personalidades e instituciones académicas que han contribuido a los estudios de ecología vegetal en el estado de Chiapas. El relato no es exhaustivo, pero pretende trazar una línea con profundidad histórica que representa cabalmente los temas y épocas en las que ocurrieron dichas investigaciones. Gran parte de los estudios de ecología vegetal contemporánea que se lleva a cabo en Chiapas reconoce la contribución de naturalistas y exploradores, que sin necesariamente pretenderlo, cimentaron una base de conocimientos descriptivos que han facilitado el abordaje actual de temas con mayor incidencia en la búsqueda de soluciones a múltiples problemáticas ambientales presentes en la entidad.
En este artículo se presenta un análisis numérico del trabajo ecológico realizado en Chiapas entre 1980 y 2021, periodo máximo histórico disponible en la Web of Science. El análisis recuperó 2485 registros con un incremento gradual del número de contribuciones por año. Dentro de las 46 disciplinas identificadas, los temas más frecuentemente abordados se relacionan en orden decreciente con la ecología y ciencias ambientales, zoología, ciencias de la vida, conservación de la biodiversidad, ciencias de las plantas, silvicultura y agricultura. Este análisis muestra el interés de la comunidad académica nacional y del extranjero para realizar diversos estudios ecológicos en Chiapas que involucran numerosas escalas espaciales, tiempos, recursos económicos y humanos.
La ciencia ciudadana está en auge en México y el mundo. Este quehacer surge en diversos contextos nacionales como respuesta a las demandas ciudadanas y movilizaciones sociales que reclaman justicia ambiental, a fin de generar evidencia empírica consistente que contradice o desafía discursos oficiales sobre la inocuidad o supuesta seguridad de proyectos de desarrollo que suponen afectaciones medioambientales y ecológicas.
La ciencia ciudadana puede ser de muchos tipos, sin embargo, en este espacio, nos centraremos en los biomonitoreos ciudadanos que suponen una alianza de saberes. Desde hace tres décadas, los biomonitoreos son instrumentos de control y participación ciudadana que logran politizar debates en torno a proyectos tecno-científicos que se presentan como políticamente neutros y científicamente irrefutables. Un excelente ejemplo de ellos son los biomonitoreos de Organismos Genéticamente Modificados (OGMs) que han revelado el flujo de transgenes de un cultivo a otro y/o la contaminación con transgenes ya sea de semillas criollas o convencionales, o de áreas donde no existen permisos para su siembra o de alimentos que se supone son libre de ellos.
En México los biomonitoreos de OGMs han implicado una alianza de saberes entre personas y colectivos con trayectorias profesionales, capitales sociales, culturales y económicos y formas de conocimiento diversas, como son campesinos, científicos y activistas. Todas las anteriores colaborando en objetivos afines en un momento dado. La alianza de saberes para los biomonitoreos ciudadanos cuestiona el supuesto según el cual el único conocimiento válido y verdadero para evaluar el riesgo medioambiental es el producido de manera exclusiva por personas que aplican un conjunto de técnicas y métodos “científicos” y son avalados por instituciones académicas. Más aún, pone al descubierto el debate contemporáneo entre diferentes comunidades científicas, o epistémicas, en torno a ciertos temas polémicos como son los riesgos que suponen los organismos genéticamente modificados para la salud humana y el medio ambiente.
Ilustración: Estelí Meza
El debate desarrollado en México en torno al maíz y soya genéticamente modificados ilustra bien la divergencia de visiones en torno a los riesgos de los OGMs. Los grupos y personas en oposición a los cultivos transgénicos tienen entre sus motivaciones los riesgos ambientales y a la salud humana que suponen estos organismos, pero sobre todo hacen una fuerte crítica al giro neoliberal de la política agrícola del gobierno mexicano que desde la firma comercial del TLCAN optó por la importación de maíz “barato y transgénico” con repercusiones claramente negativas para los pequeños productores, los modos de vida de campesinos e indígenas y el riesgo que representan a los centros de origen y diversidad de los maíces criollos.
La falta de respuesta estatal a las exigencias ciudadanas para la regulación de los OGMs siguiendo el principio precautorio y una política efectiva de bioseguridad ha generado diversas reacciones entre las organizaciones de la sociedad civil que se oponen a los transgénicos. Una de ellas ha sido, en palabras de Ana de Ita la “defensa social autónoma” . Un ejemplo muy ilustrativo fue la creación en 2002 de la coalición “En defensa del maíz”.
La coalición de organizaciones que se sumaron a la red “En defensa del maíz” tuvo entre sus objetivos realizar biomonitoreos ciudadanos en comunidades campesinas de todo el país para identificar la posible contaminación de los maíces nativos por flujo transgénico. Entre 2003 y 2005 organizaciones que participan en la Red evaluaron más de 500 parcelas con milpas campesinas en 150 comunidades de once estados de la República. Los biomonitoreos ciudadanos revelaron contaminación en parcelas de maíces nativos en 18 de las 104 comunidades muestreadas en nueve estados del país.
Otro caso de biomonitoreo ciudadano exitoso de OGMs sucede en la Península de Yucatán donde la Secretaría de Agricultura (Sagarpa), otorgó en 2012, un permiso a Monsanto para el cultivo en fase comercial de soya genéticamente modificada. Este permiso fue dado con el aval de Semarnat, instancia que ignoró los tres dictámenes negativos de las dependencias del gobierno que la conforman: el entonces Instituto Nacional de Ecología (INE), la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp). Las tres instituciones dieron dictámenes negativos en los que señalaban el riesgo de contaminación del manto freático por glifosato, los daños a la biodiversidad y los riesgos de contaminación por huracanes que implicaría la siembra de soya transgénica en la Península de Yucatán.
Apicultores y grupos apícolas de Yucatán y Campeche, impugnaron el permiso y lograron en 2015 una sentencia favorable por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que estableció la suspensión del permiso hasta que se realizara una consulta libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe a las comunidades mayas potencialmente afectadas por la liberación de transgénicos.
Una de las principales batallas que entablaron los integrantes de las comunidades mayas durante dicha consulta fue exigir a las autoridades que garantizaran que la soya GM no sería cultivada en el municipio de Hopelchén, en tanto la sentencia de la SCJN estuviese vigente. También pidieron colaborar con el gobierno, desde su conocimiento territorial, a la vigilancia y prevención de la siembra de soya GM. En cuatro acaloradas reuniones con funcionarios del Servicio nacional de sanidad e inocuidad y calidad agroalimentaria (Senasica) dependencia de la Secretaría de agricultura encargada de otorgar los permisos para OGMs agrícolas, representantes de las comunidades mayas hicieron una propuesta de monitoreo y exigieron información clara y oportuna sobre el trabajo de vigilancia que se venía haciendo y más importante aún, sobre las sanciones a los infractores de la prohibición.
El empuje de apicultores y demás habitantes de las comunidades de Hopelchén, en particular de mujeres mayas preocupadas por el futuro y salud de sus hijos y comunidades para abrir la discusión fue, sin embargo, rechazado por las autoridades. Desde la perspectiva de los funcionarios de Senasica y Cibiogem, de la administración anterior, la bioseguridad era una noción de carácter muy acotado e incompatible con la discusión o el acompañamiento ciudadano. En particular, resultaba inconcebible la participación ciudadana en los biomonitoreos que debía realizar Senasica, ya que ésta no estaba definida en ninguna ley. No obstante, campesinos y apicultores mayas lograron documentar en 2017 la presencia de soya GM en 23 mil hectáreas del Estado de Campeche. El hallazgo de plantas de soya GM en áreas no autorizadas obligó a que Senasica en 2018 revocara el permiso otorgado a Monsanto en todo el país. Los monitoreos ciudadanos incluso han sido más frecuentes, extensivos y eficientes que los monitoreos gubernamentales en ciertas regiones del país, logrando ser guías y referencias para los monitoreos a cargo del gobierno.
La alianza de saberes para los biomonitoreos de OGMs significa “suma de saberes complementarios” para alcanzar un fin concreto. En este caso, los saberes territoriales de campesinos e indígenas se conjugaron exitosamente al conocimiento técnico y científico que aportaron científicos con el objetivo de superar las limitaciones técnico-científicos impuestas por la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados. Las experiencias de biomonitoreos ciudadanos de OGMs en México, revelan la importancia de la participación ciudadana para velar por la bioseguridad en una región específica. Solo los habitantes de una región pueden estar al tanto de los cambios en los ecosistemas, relativos a factores exógenos como cultivos transgénicos, fumigaciones aéreas, deforestación, muerte masiva de abejas entre otros eventos de deterioro ambiental. Solo ellos, los directamente afectados, tienen la motivación y legitimidad suficiente para generar mecanismos de vigilancia y control con una cobertura suficiente que garantice, en sentido integral, la bioseguridad en un territorio rural donde las instituciones del estado ya sea que tienen poco alcance o muy poca voluntad para hacerlo.
Este último asunto es clave para comprender el fracaso de la bioseguridad en México: a pesar de la prohibición legal para cultivar soya GM en la Península de Yucatán, este cultivo persiste y aumenta. Incluso con la actual administración del gobierno federal que ha mostrado interés para erradicar la siembra de variedades de cultivos GM, la soya GM persiste en su cultivo. En este contexto se hace más necesaria que nunca una discusión y acciones concretas donde participen actores de la sociedad civil con diferentes perspectivas en torno a los OGMs.
Los biomonitoreos ciudadanos de OGMs han puesto en cuestión el enfoque de participación ciudadana pasiva implícito en el Protocolo de Cartagena de bioseguridad y en la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados y son una propuesta concreta para democratizar la política de bioseguridad en México.
Gabriela Torres-Mazuera y Eric Vides Borrell
Nota: Este texto es un extracto del artículo: “Democratizar la bioseguridad en territorios con diversidad biocultural: la apuesta por una alianza de saberes en México” fue publicado por Journal of Political Ecology (Vol 27:2). Fue escrito por los mismos autores.
Referencias
Kimura, A., Kinchy A. J. “Citizen Science: Probing the Virtues and Contexts of Participatory Research”, Engaging Science, Technology, and Society, 2016, pp. 331-336.
Bonneuil C. “Cultures épistémiques et engagement des chercheurs dans la controverse OGM”, Natures Sciences Société, 2006, 14(3), pp. 257–268.
De Ita, A. “La defensa internacional del maíz contra la contaminación transgénica en su centro de origen”, El Cotidiano (173), 2012.
Kinchy, A. J.“Anti-genetic engineering activism and scientized politics in the case of “contaminated Mexican maize”, Agriculture and Human Values, 2010
Rivera Lopez, F. Análisis de la presencia de proteínas de maíces genéticamente modificados en variedades de maíz nativo en México. (Licenciatura en Biología), Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, 2009.
Torres-Mazuera G., y Ramírez-Espinoza N. “How a Legal Fight Against Monsanto became an Indigenous Self-Determination Claim in Mexico”, Journal of Human Rights Practice. 2022.
Colín M. Bio(in)seguridad en México. Permiso de soya transgénica para Monsanto y la siembra ilegal de soya en el estado de Campeche, México, Greenpeace, 2018.
“Lo que más me gusta de Tapachula, es el calor, la fruta y comer platano verde, me recuerda a mi familia en Haití” (Louis, migrante haitiano)
En Tapachula, Chiapas, algunos solicitantes de la condición de refugio han encontrado diversas formas de vivir en este lugar mientras esperan resolver su situación migratoria, otros y otras que han decidido habitar la ciudad por tiempo indefinido, venden comida en las calles, o atrás del parque Benito Juárez en el corazón de la ciudad. Mujeres haitianas ofrecen productos diversos en carretas móviles, muchos de los cuales son ingredientes cotidianos de la dieta haitiana, a ellas la población local las llama o identifica como “las mujeres de las carretas” o “las negritas de las carretas”, también algunos hombres improvisaron pequeños negocios.[1]
Uno de los productos más demandados es el platano verde o bannann vét como se diría en creole; me atrevería a decir que esta fruta es la base de la comida haitiana y de buena parte de la región del Caribe. La migración trajo no solo consigo a las personas, también sus formas de alimentación, y sus culturas; en Tapachula por ejemplo, la venta y demanda del plátano verde fue en aumento, por lo que poco a poco se fue abriendo su oferta, primero en los mercados de San Sebastián al norte de la ciudad y en el 5 de Mayo en el centro, y luego en muchas tienditas de abarrotes en colonias donde hábitan haitianos y haitianas.
Respecto a ello, una vendedora del mercado San Sebastián comentó:
“El plátano verde ya es un negocio, antes lo compraban algunos hondureños, pero no había mucha gente que vendiera aquí, pero ahora llegaron los haitianos se vende más, ellos consumen mucho, acá nosotros en Tapachula más consumimos el platano maduro, también es sabroso”. (Tapachula, Chiapas, comunicación personal)
Otra vendedora refiere:
“Sí, el consumo del plátano verde ha incrementado, antes se vendía poco, a veces sólo dos personas se conocía que vendían acá en el mercado y tienen sus puestos ahí por donde vende gallinas, pero ahora hay más demanda, hasta el precio ya subió, ahorita ya hasta se ve que los mismos haitianos ya lo venden, dicen que van a comprar a las bodegas de plátano, allá por el sur, ya directamente con los que cosechan”. (Tapachula, Chiapas, comunicación personal)
Antes de la llegada masiva de haitianos y haitianas, el platano verde se vendía solamente a las y los hondureños para que hicieran los tostones, las tajadas, o el tradicional platillo hondureño conocido como Machuca. Sin embargo, el consumo se incrementó considerablemente desde 2018, así como su precio. La docena de plátano verde pasó de venderse en $15 o $20 pesos mexicanos en 2018, a $30 o $35 pesos en la actualidad. En algunas bodegas de Tapachula que comercializan plátanos y guineos, el plátano verde a ganado demanda en el cosumo local. En este sentido, Louis un vendedor haitiano comenta:
“El plátano verde para nosotros es importante, como la tortilla para ustedes, lo consumimos acompañado de pescado y pollo, en otras comidas también, yo me gusta mucho y muchos haitianos son felices de encontrarlo acá, porque no siempre se consigue por donde vamos migrando, en Brasil y en Colombia sí, pero en Chile o en Argentina no se consigue. Yo vendo plátanos y vendo bien, a veces llego a vender más de 10 dócenas en un día, pero ahora ya hay muchos haitianos que venden también, lo que yo aprendí es ir a comprarlo en las bodegas es más barato y le ganas un poco más, me voy temprano para alcanzar buenos plátanos.” (Tapachula, Chiapas, comunicación personal)
La comida es también parte de ese reportorio en la movilidad y el desplazamiento donde las definiciones se tornan inevitables: continuar portando el menú de la cultura “migratoria”. En la comida también econtramos relaciones sociales, nostalgías del lugar donde se salió, emociones, recuerdos y memorias. Según Noelia Carrasco “El trasfondo último de este concepto (comida) es su potencial de revelarnos la dinámica social que subyace a la acción de alimentarse, toda vez que el hecho alimentario se organizaría según estructuras sociales locales, refiriendo roles y estatus, además de la propia concepción cultural del comer.” (2007:85)
Armar el rompecabezas de la ciudad de Tapachula es un gran reto, pues existe una amplia diversidad de historias, comidas, encuentros y desencuentros de las personas que pasan por esta frontera, que dejan huella, que hacen que disfrutemos de la gastronomía diversa en esta ciudad fronteriza…
Bibliografía
Goody, Jack (1995). «Cocina, cuisine y clase». Estudio de sociología comparada. Barcelona, Editorial Gedisa.
Carrasco, Enriquez Noelia (2007). Desarrollo de la antropología de la alimentación en América Latina. Hacía el estudio de los problemas alimentarios contemporáneos. En revista Estudios Sociales, CIAD AC., volumen 16, número 30. México.
[1] En su mayoría haitianos con hieleras en los hombros o en carretas, al preguntarles comentan que han comprado hieleras de unicel y plástico, hielo en las tiendas y se dedican a la venta de refrescos fríos, aguas y otros productos. (Diario de campo, agosto de 2019).
San Juan Cancuc y Chanal son dos municipios chiapanecos que se encuentran entre los diez municipios con mayor cantidad de población en situación de pobreza, 99.3 y 99.1% respectivamente (Coneval, 2020). No es casual que en ambos municipios 98% de su población sea hablante de una lengua indígena (INEGI, 2020). Tzeltales en su mayoría, se enfrentan día a día a limitaciones económicas que les impiden ejercer derechos básicos como salud, educación, empleo digno, alimentación y el bienestar en general.
En ambos municipios, las niñas, los niños y las/os adolescentes ven limitado su derecho a la educación pues no existe suficiente oferta de bachilleratos, la educación secundaria es lo máximo a lo que se puede acceder, más aún si se pertenece a localidades alejadas de las cabeceras municipales.
Para el caso de las niñas y las adolescentes la situación se profundiza. El acceso a la educación es más complicado ya que por su condición de edad y de género se enfrentan a mayores obstáculos derivados de la falta de infraestructura, como alumbrado público, lo que les genera sensación de inseguridad para ir y regresar de la escuela, así como algunos aspectos culturales que favorecen la creencia de que las mujeres pertenecen al espacio privado y deben mantener el orden de género vinculado al trabajo reproductivo y de cuidados.
De ahí que San Juan Cancuc y Chanal sean de los principales municipios proveedores de fuerza de trabajo de servicio doméstico para los centros urbanos del estado de Chiapas, incluso de otras entidades federativas. Desde muy temprana edad (8 o 9 años), las niñas y las adolescentes migran hacia las ciudades de San Cristóbal de las Casas y Tuxtla Gutiérrez a buscar empleo como trabajadoras del hogar. Su incorporación a este tipo de trabajos se da de formas muy diversas, que van desde adopciones informales que implican llegar a un hogar de terceros para recibir comida y sustento a cambio de trabajo doméstico hasta un trato directo entre las empleadoras/es y las niñas y adolescentes sin que medie otro adulto o algún tipo de coacción (Miranda, 2018).
En este contexto, es muy difícil conocer la cifra exacta de cuántas niñas y adolescentes estén trabajando a puerta cerrada bajo eufemismos tales como ahijadas, entenadas, sobrinas e hijas. Lo que se sabe es que el estado de Chiapas detenta el segundo lugar a nivel nacional de mujeres de 15 a 17 años que trabajan como empleadas en una vivienda particular o casa ajena con 30% frente a 11.8% a nivel nacional (INEGI, 2016).
En una investigación que realicé entre 2017 y 2018 titulada “Migración, trabajo doméstico y violencia de género. Niñas, niños y adolescentes en el sureste de México”, se encontraron algunos elementos sobre la forma en que estas niñas y adolescentes experimentan cotidianamente varias opresiones. En sus comunidades de origen sufren marginación y pobreza; en sus hogares están expuestas a violencias intrafamiliares derivadas de la fuerte persistencia del alcoholismo en los hombres, además, tienen escasas posibilidades de estudiar y trabajar, por lo que muchas de ellas deciden migrar para ahorrar dinero y poder seguir con sus estudios (Miranda, 2018).
Lamentablemente, al llegar a trabajar a las ciudades encuentran nuevas formas de opresión vinculadas con ser niñas o adolescentes, ser pobres, ser indígenas y ser migrantes. En sus estancias en hogares de terceros se enfrentan a humillaciones, violencias y explotación económica. Se les raciona la comida, se les somete a horarios extensos de trabajo, sufren acoso sexual, en ocasiones se les encierra bajo llave y es común que les queden a deber el pago por los servicios prestados.
Algunas de ellas expresan malestar por los insultos, las burlas y los regaños que les propinan los miembros de las familias para quienes trabajan, tales humillaciones son el resultado de las estructuras machistas, racistas, clasistas y adultocéntricas que persiste en la actualidad y que permean todos los aspectos de la vida social.
Un ejemplo de ello es el siguiente relato de Luz,[2] una niña de 12 años originaria de Chanal y hablante de tzeltal. Luz expresa lo siguiente ante la pregunta de qué es lo que no le gusta de su trabajo: “no me gusta que me burlen de mis ropas, ni de mis enaguas, nos burlan de ser de Chanal, me dicen la chanela y me gritan que haga bien las cosas, si las de chanal somos sirvientas” (Luz, 12 años, 2018).
Foto: Sarai Miranda Juárez.
Por su parte Mariela, también tzeltal, subraya que preferiría poder salir los domingos como sus primas que trabajan en otras casas y a quienes sí se les permite tener un día de descanso. Mariela proviene de San Juan Cancuc, llegó a Tuxtla Gutiérrez por invitación de una profesora de la escuela primaria de su comunidad para que le ayudara a cuidar a dos bebés. Dado que sus primas tuvieron la misma experiencia desde muy jóvenes, Mariela decidió seguir el mismo camino a los 13 años, una vez terminada la educación primaria. No obstante, ha permanecido encerrada tres meses en la vivienda donde trabaja debido a que sus empleadores le expresan preocupación porque se vaya a ir y los deje abandonados con el trabajo de cuidados que realiza. Así, la estrategia es no permitirle salir:
no he salido desde que llegué, sólo a veces me viene a ver mi prima, pero no tengo permiso de salir, no me deja la señora, no puedo llevar nada de aquí, me dijo la señora que puedo robar algo o irme y no regresar y ella no puede con todo el trabajo… dice que me va a pagar cuando termine de las cosas que hago (Mariela, 13 años, 2018).
Ante estos abusos y humillaciones y a pesar de toda la estructura social que permite la práctica del trabajo infantil y adolescentes sin vigilancia ni control por parte del Estado, las niñas y las adolescentes son capaces de ejercer su agencia y decidir sobre su presente y su futuro. El caso de Luz es ejemplificador.
Luz cuenta que decidió trabajar desde los 8 años con una señora en su comunidad. Así podía comprar sus útiles escolares y no pedirle a su mamá. Durante los periodos vacacionales trabajaba en la casa y la tienda de la señora, y recibía un salario de 60 pesos a la semana, con eso compraba lápices, colores y libretas. Una vez que terminó la primaria su padre le prohibió ir a la secundaria, temía que le pasara algo en el trayecto pues sólo pasaba una combi a las 9 de la mañana y las clases iniciaban a las 7 de la mañana. Ante un evento de violencia familiar y sin posibilidades de asistir a la escuela secundaria, Luz, a los 11 años de edad, decidió migrar al igual que otras adolescentes de Chanal. Había escuchado que podía tomar un taxi colectivo hacia San Cristóbal de las Casas y así lo hizo. Tomó una bolsa de plástico, guardó una falda, una blusa y unas pastillas para el dolor de estómago y fue en busca de trabajo en casa, su objetivo era trabajar para ahorrar dinero y poder estudiar la secundaria en San Cristóbal.
Durante un año, Luz cambió de trabajo en varias ocasiones, no le gusta que la maltraten y que le queden a deber dinero. Cuando no desea tolerar groserías y malos tratos busca nuevo trabajo en los mercados. A decir de la propia Luz: “si vas al mercado, le dices a las señoras si necesitan una muchacha y ahí encuentras otro trabajo, también hay letreros en las carnicerías” (Luz, 12 años, 2018).
Luz logró hacerse de algunos ahorros que le permitieron inscribirse en el sistema de secundaria abierta. Dice que le gusta estudiar matemáticas. En ese entonces sus tareas escolares las iniciaba a las 9 o 10 de la noche, justo cuando terminaba su jornada laboral. Luz ha logrado negociar con varias empleadoras para que pueda salir tres días a la semana de las 16 a 18 horas a las asesorías que le brindan en la escuela abierta. Ha comprado sus libros y cuadernos y en las fiestas navideñas fue a Chanal a visitar a su mamá, le pudo llevar un poco de dinero para ayudarla.
Ante la pregunta sobre de dónde sacó valor para viajar tan joven desde su pueblo, Luz contestó: “no tenía mucho miedo, he trabajado en casa desde niña, me encomiendo a Dios y ya”. En la actualidad, Luz ha logrado pasar ocho materias de la secundaria abierta, pero también ha tenido que pasar algunos periodos sin trabajo pues no está dispuesta a tolerar que la insulten o la humillen por provenir de Chanal.
El ejercicio de su agencia ha estado presente desde una edad muy temprana en su vida. Ha aprendido a desplegar estrategias para hacer frente a las desigualdades de poder a las que se enfrenta en los hogares donde trabaja, sin ningún apoyo del Estado o de su familia, Luz ha construido redes de apoyo con otras jóvenes en similares circunstancias.
Como afirma Pavez (2017), las niñas y adolescentes cuentan con capacidad de agencia y participan de relaciones de poder generacionales y de género con otros actores sociales, ya sea en sus familias o en los espacios que habitan. Bajo esta premisa, las distintas estructuras de opresiones que enfrentan las niñas y adolescentes indígenas de Chanal y San Juan Cancuc las llevan a optar por la migración y el trabajo en hogares de terceros desde la niñez.
Pero el hecho de que sean sujetas activas, capaces de elegir y desplegar estrategias no elimina las limitaciones que les impone el contexto histórico y espacial donde se desenvuelven. Una lacerante realidad para las niñas y adolescentes indígenas tzetales es que tiene que trabajar largas y extenuantes jornadas laborales bajo tratos inhumanos que les vuelven mucho más complicado construir trayectorias educativas con posibilidades de movilidad social ascendente.
Los casos de Luz y Mariela muestran la situación de vulnerabilidad frente a violencias estructurales debido a su género, su condición de clase, su origen indígena y su edad. Nacieron en contextos locales y regionales marcados por bajos niveles de bienestar y escasas ofertas educativas. Su condición de indígenas las coloca en un sector de la población que históricamente se ha incorporado a empleos relacionados con tareas domésticas y de cuidados, con condiciones de informalidad y expuestas a malos tratos y abusos por parte de los empleadores.
Ante ello, cabe reflexionar sobre la deuda histórica que mantiene la sociedad mexicana frente a las niñas y las adolescentes indígenas que experimentan múltiples subordinaciones, en una sociedad adultocéntrica, patriarcal, racista, y con graves niveles de violencia y desigualdad.
Bibliografía
Coneval (2020), Medición de la pobreza 2016-2020, México.
INEGI (2020), Censo de Población y Vivienda 2020, México.
——————- (2016), Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016, México.
Pavez Soto, Iskra (2017), “La niñez en las migraciones globales: perspectivas teóricas para analizar su participación”, en Tla-melaua. Revista de Ciencias Sociales, vol. 10, núm. 41, pp. 96-113.
Miranda, Sarai (2018), “Ser niña, indígena y migrante. Curso de vida y agencia en contextos sociales signados por la violencia de género y la desigualdad. El caso de una niña tsotsil originaria de los Altos de Chiapas”, en Journal de Ciencias Sociales, vol. 5, núm. 11, pp. 52-73.
La cotidianidad de la violencia puede anestesiar a la opinión pública, pero no a quienes la sufren todos los días. No pasa uno sin que se sucedan baños de balas contra más de una decena de comunidades tsotsiles del municipio de Aldama, en los Altos de Chiapas. Sólo el 27 de febrero, La Jornada recibió el reporte, en tiemporeal, de 31 agresiones armadas desde la comunidad de Santa Martha, en el vecino Chenalhó. En enero de 2022 fueron 230 ataques. Es posible que al terminar febrero alcancen el medio millar.
La investigadora Carla Zamora Lomelí, con muchos años de trabajo académico en los Altos de Chiapas, al documentar la violencia sin freno en San Cristóbal de Las Casas, apunta: Es claro que existe una disputa por el control territorial de grupos asociados con la delincuencia organizada. Las casas de seguridad que resguardan a centenares de migrantes (como quedó evidenciado luego del accidente carretero que cobró la vida de56 personas en diciembre) operan en completa impunidad, mientras el acceso al mercado de armas es sencillo. Zamora Lomelí concluye: En Chiapas la guerra parece perpetuarse y la justicia es cada vez más difusa.
