Mujeres, derechos humanos y Web 2.0 en el sureste de México

*Dora Ramos **Abraham Mena
*Investigadora del Departamento de Sociedad y Cultura **Técnico Académico del Departamento de Sociedad y Cultura

Desde hace 14 años México legisló para transformar el paisaje digital y de telecomunicaciones. Inició con la Ley de Telecomunicaciones de 2006 y la creación del programa México Conectado, iniciativas con la que se buscaba garantizar el ejercicio del derecho constitucional de acceso al servicio de banda ancha de Internet.

El sexenio actual inició con un ambicioso programa: Red Compartida, con el objetivo de asegurar el acceso de la ciudadanía a la banda ancha, un lujo que solo Ruanda se ha propuesto llevar a cabo. Paralelamente, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) promovió la competencia disminuyendo costos en la renta de internet y facilitando la apertura en el campo de las telecomunicaciones con la autorización de la comercialización del tripe play, que es la oferta del empaquetamiento de servicios y contenidos audiovisuales (voz, banda ancha y televisión), hecho que tuvo un impacto importante pues entre 2015 a 2016 se reportó la comercialización de 10 millones más de teléfonos inteligentes.

El sureste tambien vivió interesantes procesos, por ejemplo, en 2014, en Chiapas, como resultado de un movimiento social que promovía los derechos digitales en México se aprobó en el pleno del Congreso Local una reforma constitucional que garantizó el acceso a internet como un derecho humano. Sin embargo, sin presupuesto fue imposible implementarla: “En la Constitución el Internet quedó como un derecho de todos los chiapanecos, es una ley… estábamos muy emocionados. Entonces llegamos a la parte donde [las organizaciones sociales] olvidamos poner en la ley que el presupuesto tenía que ser aprobado [risas], es la ley, pero sin presupuesto y… nadie se está moviendo”, expresó un informante.

Pareció entonces que el paisaje digital del sur de México superaría, por fin, las limitantes de la infraestructura: México Conectado (con 250,000 sitios de acceso libre en espacios públicos rurales o pobres) y la Red Compartida abrirían el acceso al mundo digital. Eso cambiaría las estructuras en el sureste, aumentaría la productividad económica, detonaría la diversificación productiva y la modernización tecnológica. Además, el internet llegaría al lugar donde vive la población más joven y más pobre del país. Las condiciones eran ideales.

En este contexto, en un estudio titulado Mujeres, derechos humanos y Web 2.0 en el sureste de México que realizamos en El Colegio de la Frontera Sur, analizamos cómo las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) contribuyen a mejorar la condición de trabajo y derechos de más de 1.3 millones de mujeres jóvenes que viven en tres estados federales del sureste de México —Chiapas, Tabasco y Yucatán—. Para la investigación, consideramos a las mujeres participantes de la Web 2.0 en dos sectores: quienes la utilizan como plataforma o desarrollo de economía del compartir (EC), desde la cual se explican las formas de intercambio a través de plataformas en línea en las que se ofrecen servicios o productos con o sin fines de lucro, relacionándolo con aquellas que desarrollan software (DS) para gestionar redes sociales o páginas web interactivas.

Como resultado observamos que existe un amplio, aunque precario, acceso a nuevas formas de trabajo en la EC y un modesto sector de DS, donde Yucatán tienen apenas números cercanos a los nacionales.

También destacamos que en el sureste de México prevalecen escasos desarrollos de software locales, todavía menor es el número que integra las fórmulas de economía de compartir con desarrollo de software. Aunque por lo general se usan plataformas como Facebook, se reportan  un ilimitado acceso a redes sociales que brindan gratuitamente varias compañías telefónicas, lo cual desincentiva el desarrollo y programación de aplicaciones locales. Además, los estereotipos de género y el trabajo doméstico limitan las oportunidades para que las mujeres ingresen a la oferta de trabajo de desarrolladoras de software.

Al analizar el uso de internet al 2016, de acuerdo a la Encuesta Nacional para el Desarrollo de las Habilidades en el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 2017, es notable que los sectores ganadores han sido el de la comunicación, seguido de la búsqueda de información e inmediatamente después el entretenimiento. La capacitación ha disminuido y el uso de internet en trámites gubernamentales o compras aún no despuntan.

La situación en el campo del internet tendrá un difícil panorama en 2017, el gobierno federal anunció una reducción del 84.1% del presupuesto al programa México Conectado, lo cual generará sin duda un decremento en la cantidad y calidad del proyecto de conexión a internet más importante de México. El Programa de Red Compartida se retrasó algunos años y está lejos de ser una realidad, pues el uso compartido de infraestructura de acceso a internet ha desincentivado la apertura de accesos en áreas rurales.

Los datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) del 2016 muestran que el rezago se mantiene en casi todos los estados del sureste, reconociendo que el Programa México Conectado daba acceso a internet en 101,293 espacios físicos (nodos), con lo cual se estima que en promedio por cada nodo instalado se podrían conectar 337 jóvenes en Chiapas, 191 en Yucatán y 116 en Tabasco. Lo anterior nos permite concluir que los programas y estrategias de desarrollo de internet, no podrán superar la capacidad de conexión para todos, teniendo algunas excepciones positivas en cuanto acceso a banda móvil en Yucatán, pero en general un acceso a banda ancha precario y de mala calidad en el resto del sureste mexicano.

El reto que se plantea es mayúsculo, se necesita muchos más que legislar para transformar el paisaje digital y el acceso a derechos humanos de cuarta y quinta generación.

Leer artículo  completo:

“Mujeres, derechos humanos y Web 2.0 en el sureste de México” (Ramos, D.E., Mena, R.A. 2017).

Las mujeres y las niñas chiapanecas siguen viviendo en una profunda desigualdad

Por Sarai Miranda Juárez
Investigadora de El Colegio de La Frontera Sur (ECOSUR)

En el contexto de la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, vale la pena reflexionar sobre las condiciones sociales en las que se contextualiza la desigualdad de género en el estado de Chiapas.

Si bien, existe un consenso generalizado sobre la necesidad imperiosa de promover mejores oportunidades de trabajo y fomentar la participación de las mujeres en la vida pública, la desigualdad de género tiene una importante base estructural que frecuentemente está invisibilizada, las mujeres y las niñas sostienen la carga del trabajo no remunerado conocido como actividades de cuidado al interior de los hogares.

El trabajo no remunerado que realizan las mujeres y las niñas incluye tareas como cocinar, limpiar, cuidar de niños y ancianos, hacerse cargo de los enfermos, y en lugares con menor infraestructura la sobrecarga es marcada pues muchas mujeres deben recoger agua y leña para el consumo cotidiano en los hogares.

El último Censo de Población registra que para el año 2010 en el estado de Chiapas 12.8% de las viviendas con jefatura femenina tenían piso de tierra, condición que expone a los miembros de la familia, sobre todo a las niñas y los niños, a diversos problemas de salud; además 10.9% de las viviendas con jefatura femenina no disponían de drenaje. Asimismo, 19.6% de las viviendas cuya jefa es una mujer no contaban con disponibilidad de agua entubada.

El insuficiente acceso a servicios de infraestructura básica de drenaje, agua potable, así como ocupar viviendas con piso de tierra, representa para las mujeres y las niñas mayor carga en cuidados y por supuesto, mayor inversión de tiempo para atender a la población que padece enfermedades infecciosas y parasitarias. Otro dato importante es que 3.1% de las viviendas con jefatura femenina en la entidad no disponía de energía eléctrica.

Estos datos muestran que una proporción importante de mujeres en Chiapas realizan trabajo adicional para remplazar la falta de estos servicios, respecto al que se efectúa en otros hogares que sí cuenta con ellos. ¿Cuánto trabajo no remunerado se podría ahorrar a las niñas y las mujeres chiapanecas si tuvieran acceso a la dotación de estos servicios básicos?

La desigual distribución del trabajo reproductivo y de cuidados es el resultado de la naturalización que, en los albores del siglo XXI, sigue vigente respecto al papel de las mujeres asociado a la reproducción, la crianza, y los cuidados, actividades restringidas, esencialmente, al ámbito doméstico.

El trabajo reproductivo no remunerado es un impedimento para que las mujeres y las niñas tengan mayor presencia en el ámbito público, y ejerzan sus derechos a la educación, la salud, y al trabajo remunerado.

En Chiapas, para el año 2014, 18 de cada 100 mujeres de 15 años y más registró condición de analfabetismo, en contraste con 9.5% de los hombres en la misma condición.

El derecho de las niñas a la educación también se ve perjudicado. En algunos casos, se ven obligadas a dejar la escuela para ayudar con las tareas domésticas, el cuidado de otros niños más pequeños, de los ancianos y miembros enfermos de la familia. Para el año 2014, en Chiapas, 10.2% de las niñas y adolescentes en edad escolar (de 6 a 15 años) no asistía a la escuela, frente a 9.9% de los niños y adolescente de la misma edad. Estas disparidades se reflejan también en los años promedio de escolaridad de la población de 15 años y más, que para las mujeres fue de 6.6 años mientras que para los hombres de 7.6 años.

En este contexto de desigualdad, las niñas y la adolescentes ven acotadas sus opciones de lograr el acceso a la educación debido a que sus responsabilidades domésticas les restan más tiempo que a los varones para estudiar, para establecer redes y para realizar actividades extracurriculares. Esta situación funciona como una bola de nieve que acumula desigualdades, ya que con menos oportunidades educativas, las mujeres y las niñas tienen mayores dificultades para acceder a trabajos remunerados que les permitan escapar de la pobreza.

De igual modo, cuando las mujeres tienen acceso a un trabajo remunerado continúan siendo las principales responsables de las tareas de cuidado, es decir mantienen una “doble jornada laboral”, ya que una vez que terminan su jornada remunerada deben seguir con las tareas de cuidado en sus hogares.

En Chiapas la participación económica de las mujeres no ha aumentado, al contrario, pasó de 40.5% a 29.8% de 2000 a 2014, y este trabajo está lejos de tener las características de un empleo digno. En el año 2014, 91.5% de la población femenina chiapaneca que ocupó empleos subordinados y remunerados no tuvieron acceso a guarderías para el cuidado de los miembros más pequeños del hogar.

El trabajo remunerado de las mujeres de Chiapas registró un promedio de 38.5 horas a la semana, siendo inferior al promedio de los hombres que registran 44.4 horas a la semana con remuneración (2014).

En contraparte, las mujeres chiapanecas dedicaron en promedio 49.2 horas a la semana al trabajo no remunerado, mientras que los hombres registraron 16.3 horas semanales (2014).

La disparidad en la carga de trabajo de cuidado también restringe las oportunidades de las mujeres para ascender profesionalmente e incrementa las probabilidades de que ocupen trabajos precarios e informales. En la entidad, el porcentaje de las mujeres ocupadas en el sector informal en 2014 fue de 28.6 en contraste con 20.1 de los hombres.

Estos datos ponen de manifiesto que las mujeres tienen una mayor carga de trabajo en los procesos de cuidado y mantenimiento de la población, y que las políticas públicas destinadas a mejorar las condiciones sociales de las mujeres no han sido suficientes.

Lo paradójico en este modelo patriarcal de sociedad, en el que las mujeres dedican mucho más tiempo a cuidar, limpiar y alimentar a la gente, es que tienen como contraparte altos niveles de violencia y maltrato. Para 2011, 45.3% de las mujeres chiapanecas de 15 años y más reportaron que sufrieron algún tipo de violencia por parte de su pareja. Además del 2011 al 2015, la tasa de defunciones femeninas con presunción de homicidio en Chiapas aumentó de 2.3 a 2.5 y las tasa de violaciones fue de 32.2 para 2015.

No cabe duda que este 8 de marzo, las mujeres y las niñas chiapanecas siguen viviendo en una profunda desigualdad.

Más información:
Saraí Miranda Juárez
Tel. (967) 6749000 ext. 1521

Fuentes consultadas:

INEGI XII Censo General de Población y Vivienda 2000.

INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2014.

INEGI, Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares, 2014.

INEGI, Estadísticas de Mortalidad, 2015.

INEGI, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de Relaciones en los Hogares, 2011.

Foto: Enrique Coraza de los Santos