*Dora Ramos **Abraham Mena
*Investigadora del Departamento de Sociedad y Cultura **Técnico Académico del Departamento de Sociedad y Cultura
Desde hace 14 años México legisló para transformar el paisaje digital y de telecomunicaciones. Inició con la Ley de Telecomunicaciones de 2006 y la creación del programa México Conectado, iniciativas con la que se buscaba garantizar el ejercicio del derecho constitucional de acceso al servicio de banda ancha de Internet.
El sexenio actual inició con un ambicioso programa: Red Compartida, con el objetivo de asegurar el acceso de la ciudadanía a la banda ancha, un lujo que solo Ruanda se ha propuesto llevar a cabo. Paralelamente, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) promovió la competencia disminuyendo costos en la renta de internet y facilitando la apertura en el campo de las telecomunicaciones con la autorización de la comercialización del tripe play, que es la oferta del empaquetamiento de servicios y contenidos audiovisuales (voz, banda ancha y televisión), hecho que tuvo un impacto importante pues entre 2015 a 2016 se reportó la comercialización de 10 millones más de teléfonos inteligentes.
El sureste tambien vivió interesantes procesos, por ejemplo, en 2014, en Chiapas, como resultado de un movimiento social que promovía los derechos digitales en México se aprobó en el pleno del Congreso Local una reforma constitucional que garantizó el acceso a internet como un derecho humano. Sin embargo, sin presupuesto fue imposible implementarla: “En la Constitución el Internet quedó como un derecho de todos los chiapanecos, es una ley… estábamos muy emocionados. Entonces llegamos a la parte donde [las organizaciones sociales] olvidamos poner en la ley que el presupuesto tenía que ser aprobado [risas], es la ley, pero sin presupuesto y… nadie se está moviendo”, expresó un informante.
Pareció entonces que el paisaje digital del sur de México superaría, por fin, las limitantes de la infraestructura: México Conectado (con 250,000 sitios de acceso libre en espacios públicos rurales o pobres) y la Red Compartida abrirían el acceso al mundo digital. Eso cambiaría las estructuras en el sureste, aumentaría la productividad económica, detonaría la diversificación productiva y la modernización tecnológica. Además, el internet llegaría al lugar donde vive la población más joven y más pobre del país. Las condiciones eran ideales.
En este contexto, en un estudio titulado Mujeres, derechos humanos y Web 2.0 en el sureste de México que realizamos en El Colegio de la Frontera Sur, analizamos cómo las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) contribuyen a mejorar la condición de trabajo y derechos de más de 1.3 millones de mujeres jóvenes que viven en tres estados federales del sureste de México —Chiapas, Tabasco y Yucatán—. Para la investigación, consideramos a las mujeres participantes de la Web 2.0 en dos sectores: quienes la utilizan como plataforma o desarrollo de economía del compartir (EC), desde la cual se explican las formas de intercambio a través de plataformas en línea en las que se ofrecen servicios o productos con o sin fines de lucro, relacionándolo con aquellas que desarrollan software (DS) para gestionar redes sociales o páginas web interactivas.
Como resultado observamos que existe un amplio, aunque precario, acceso a nuevas formas de trabajo en la EC y un modesto sector de DS, donde Yucatán tienen apenas números cercanos a los nacionales.
También destacamos que en el sureste de México prevalecen escasos desarrollos de software locales, todavía menor es el número que integra las fórmulas de economía de compartir con desarrollo de software. Aunque por lo general se usan plataformas como Facebook, se reportan un ilimitado acceso a redes sociales que brindan gratuitamente varias compañías telefónicas, lo cual desincentiva el desarrollo y programación de aplicaciones locales. Además, los estereotipos de género y el trabajo doméstico limitan las oportunidades para que las mujeres ingresen a la oferta de trabajo de desarrolladoras de software.
Al analizar el uso de internet al 2016, de acuerdo a la Encuesta Nacional para el Desarrollo de las Habilidades en el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 2017, es notable que los sectores ganadores han sido el de la comunicación, seguido de la búsqueda de información e inmediatamente después el entretenimiento. La capacitación ha disminuido y el uso de internet en trámites gubernamentales o compras aún no despuntan.
La situación en el campo del internet tendrá un difícil panorama en 2017, el gobierno federal anunció una reducción del 84.1% del presupuesto al programa México Conectado, lo cual generará sin duda un decremento en la cantidad y calidad del proyecto de conexión a internet más importante de México. El Programa de Red Compartida se retrasó algunos años y está lejos de ser una realidad, pues el uso compartido de infraestructura de acceso a internet ha desincentivado la apertura de accesos en áreas rurales.
Los datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) del 2016 muestran que el rezago se mantiene en casi todos los estados del sureste, reconociendo que el Programa México Conectado daba acceso a internet en 101,293 espacios físicos (nodos), con lo cual se estima que en promedio por cada nodo instalado se podrían conectar 337 jóvenes en Chiapas, 191 en Yucatán y 116 en Tabasco. Lo anterior nos permite concluir que los programas y estrategias de desarrollo de internet, no podrán superar la capacidad de conexión para todos, teniendo algunas excepciones positivas en cuanto acceso a banda móvil en Yucatán, pero en general un acceso a banda ancha precario y de mala calidad en el resto del sureste mexicano.
El reto que se plantea es mayúsculo, se necesita muchos más que legislar para transformar el paisaje digital y el acceso a derechos humanos de cuarta y quinta generación.
Leer artículo completo:
“Mujeres, derechos humanos y Web 2.0 en el sureste de México” (Ramos, D.E., Mena, R.A. 2017).
