Las realidades que vivimos por la emergencia de la pandemia global producida por el COVID-19 han provocado reacciones a distintas escalas. Hay tensiones entre las actitudes individuales y los intereses colectivos, así como entre la adopción de medidas para evitar la afectación a la economía, por un lado, y la atención a la salud de las personas, por el otro.

Las medidas se han centrado –en distintos niveles– en el control del movimiento de personas, tanto entre países como al interior de estos. La alerta de importación del contagio y el confinamiento en las casas han tenido consecuencias no previstas: todo movimiento y presencia de personas que provengan de “otro lado” son considerados sospechosos, peligrosos, reprobables y rechazables, pues se les asocia, de facto, con la propagación de la pandemia.

Si bien lo responsable es resguardarse y mantener medidas sanitarias, hay grupos que no pueden hacerlo, como las personas que son forzosamente desplazadas y expulsadas múltiples veces, quienes se vuelven blanco de ataques al no tener espacios para refugiarse o resguardarse, porque los espacios públicos, privados e institucionales están controlados o cerrados en este momento. Esta es la situación de miles de personas migrantes y refugiadas en el mundo y en las fronteras de México.

En la frontera sur de México, cientos de personas migrantes, sobre todo centroamericanas, que han sido aseguradas por el Instituto Nacional de Migración (INM) en el centro y norte de México, así como ciudadanos o ciudadanas mexicanas que el gobierno de este país está recibiendo como deportadas de Estados Unidos, están enfrentando en este momento abandono y rechazo, lo que los expone a crecientes riesgos.

El INM está trasladando a migrantes centroamericanos en autobuses a la frontera de México con Guatemala, país que cerró sus fronteras desde hace casi un mes para extranjeros y ahora, a sus propios connacionales. El nivel de control formal e informal de las fronteras para blindarse e impedir la entrada de personas es algo sin precedentes en la región. Las autoridades mexicanas lo saben, sin embargo, continúan realizando estos traslados de personas hasta el límite fronterizo, dejándolas a su suerte para que busquen la manera de regresar a sus países. Algunas, intentan volver a sus casas por los cruces fronterizos informales; otras, al no poder ingresar a Guatemala, se mueven por las localidades fronterizas mexicanas buscando un lugar para descansar y tratando de conseguir algún recurso para comer o beber, pero su presencia ha provocado reacciones de rechazo, a veces violenta, de un sector de la población local que, frente al miedo de un posible contagio, les han increpado, denunciado y agredido.

La situación se ha tornado peligrosa para las personas migrantes. El gobierno mexicano, que había implementado y después desatendido esta situación de traslado, tuvo que intervenir con la Guardia Nacional y enviar autobuses para llevarse a las personas migrantes, cuya integridad física corría peligro, a las afueras de Tapachula, sin brindarles ningún tipo de ayuda ni de asistencia para que puedan sobrevivir. Hay que tener presente que la mayoría de los albergues que apoyan a migrantes se encuentran cerrados debido a la emergencia sanitaria.

Esta contingencia se suma a la situación de precarización de la población migrante, que en su mayoría no tiene documentación migratoria o está a la espera de ella, en particular en la región del Soconusco, Chiapas. Muchas de estas personas están inmóviles, ya sea por obstáculos que les impiden seguir o llegar a su destino, o porque perciben que si continúan moviéndose el riesgo puede ser mayor y, por tanto, se quedan en una inmovilización estratégica.

Por otro lado, el INM está expulsando migrantes de la Estación Migratoria Siglo XXI, en Tapachula, argumentando que están rebasados en su capacidad de atención y dicha institución no ha implementado medidas de prevención de salud en esta contingencia, tanto para quienes están en las estaciones o estancias migratorias, ni para quienes son trasladados en autobuses desde otros lugares para su deportación a diversos países de centroamérica.

Por lo anterior, queremos evidenciar y visibilizar la situación de estas personas migrantes que están siendo abandonadas a su suerte:  hombres, mujeres, niños y niñas, familias, personas del colectivo LGBTI+, personas de los pueblos originarios y afrodescendientes, así como trabajadores y tabajadoras temporales. Todos ellos se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad, sin ningún tipo de ayuda o asistencia, ni del gobierno de México ni de los países centroamericanos, quienes actúan de manera irresponsable y con una actitud de deshumanización frente a dichas personas que también tienen temor de enfermarse en condiciones de abandono.

Hacemos un llamado urgente a los gobiernos de México y de la región para que tomen las medidas de protección, asistencia humanitaria y ayuda a esta población, de modo que puedan seguir los protocolos establecidos para el COVID-19 con un enfoque de derechos humanos y con una actitud de responsabilidad social y de solidaridad humana, tal como se merecen todas las personas, independientemente de su nacionalidad, su situación migratoria y social o su condición étnica, de género o edad.

 

María del Carmen Pozo de la Tijera

Directora General

El Colegio de la Frontera Sur

ECOSUR

 

Texto elaborado con la coordinación de Enrique Coraza, investigador del grupo de Estudios de Migración y Procesos Transfronterizos y con el apoyo de integrantes de dicho grupo. Más información (ecoraza@www.ecosur.mx).

Foto: Angélica Pineda (es de otro momento, no de ahora)