En los últimos días, entre los resquicios que dejan las noticias relacionadas con los éxodos de migrantes centroamericanos y su tránsito hacia la frontera con Estados Unidos, se repiten dos palabras que habrán de resonar con mayor fuerza y por más tiempo en nuestra región sur-sureste: Tren Maya. El presidente electo y su equipo de transición, tras el respaldo popular logrado para su proyecto alternativo al Nuevo Aeropuerto Internacional de México que se desarrollaba en Texcoco, plantean la realización de una nueva Consulta Nacional. El proyecto estrella, de los tres de infraestructura a consultar (votar o someter a referendo), es el Tren Maya; en los términos utilizados en los escasos documentos oficiales al respecto, se le considera “el principal proyecto de infraestructura, desarrollo socioeconómico y turismo sostenible” del sexenio venidero (página oficial www.tren-maya.mx).

La Consulta Nacional prevista para el 24 y 25 de noviembre, pretende dar legitimidad en tiempo record y con evidentes lagunas metodológicas y legales, a un megaproyecto que tiene altas posibilidades de impactos significativos en los territorios, pueblos y culturas que habitan en la región del sur-sureste mexicano, cuya configuración étnica es de las más complejas, diversas y representativas de México. Sin embargo, la premura con que se plantea vuelve a evidenciar carencias (¿inocentes o planificadas?) que incitan a reflexionar no sólo sobre el contexto coyuntural, sino también sobre las estructuras en que se asienta, y sus impactos sobre los múltiples procesos de migración transnacional, nacional e inter-municipal que nos atraviesan y caracterizan. Entendemos que un proyecto tan ambicioso y con tan profundas implicaciones, debería venir precedido de un amplio debate, que en la práctica, cuenta con poco tiempo, y hasta el momento con muy escasa información.

El proyecto en sí, pese a la retórica con que se presenta, no parece desligarse con claridad de viejas lógicas y de procedimientos antagónicos a la idea de la “Cuarta Transformación” con la que el nuevo gabinete obtuvo el apoyo ciudadano mayoritario. La designación anticipada de rutas, paradas y presupuestos parece indicar que preexiste una especie de acuerdo tácito de que la obra se llevará a cabo, sin considerar la posibilidad de su modificación –en el peor de los casos, su rechazo– derivado de un proceso de diálogos interculturales previos, informados, libres y de buena fe. Presentamos algunas cuestiones y reflexiones preliminares, tanto en lo inmediato como en una visión más a largo plazo, que deberían abonar a un debate previo sobre el proyecto y sus implicaciones.