Protocolo de retorno laboral agrícola: propuesta de incidencia académica ante COVID-19

Por Martha García, investigadora del Departamento Sociedad y Cultura

La pandemia ocasionada por COVID-19 reactiva la vigencia del tema de la movilidad humana en la agenda mundial en términos de garantizar la vida de millones de personas en todas las categorías migratorias reconocidas, entre ellas, los trabajadores y trabajadoras migrantes. En ese contexto, por la gran tradición y por ser un componente estructural de la economía, es hora de alentar esquemas que ofrezcan y garanticen la inserción laboral segura, regular, ordenada y con derechos en el México rural. Debemos negarnos a que pase  otro siglo buscando abolir la neoesclavitud, el reto es inmediato, la actual coyuntura obliga a generar opciones y a la academia a incidir. Por ello, en el contexto de las estrategias de mitigación sanitaria y desde nuestra experiencia en una década de investigación en el sector agroindustrial azucarero deseamos hacer contribuciones.

Considerando que ante el término del periodo de la zafra nacional aproximadamente 60 mil trabajadores se estarán desplazando desde más de 50 regiones productoras de caña de azúcar en los 15 estados donde se ubican los ingenios azucareros para regresar a sus casas y comunidades durante los meses de abril, mayo y junio, se diseñó un Protocolo de Retorno para los Grupos de Trabajo y sus Familias en el Sector Azucarero. Se trata de un esquema para la movilidad laboral que considera las lógicas y escalas de esos desplazamientos en la geografía del azúcar que conecta regiones proveedoras y demandantes de mano de obra para el corte de la caña. Esta conectividad puede imaginarse en las rutas carreteras intraestatales como las comunidades de Zongólica y varios municipios de  Veracruz, entidad que tiene casi la mitad de las fábricas de azúcar del país, así como en trayectos interestatales en Quintana Roo que atrae trabajadores de Oaxaca, Chiapas, Campeche y Tabasco; y en la conexión transfronteriza de Chiapas donde contratan cortadores de caña de Guatemala.

Estos datos se han obtenido del trabajo sistemático de dos grandes financiamientos de fondos sectoriales CONACYT con SEDESOL (2009) e INMUJERES (2016), en los que se ha tenido la responsabilidad técnica y la colaboración de estudiantes, colegas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y organizaciones de la sociedad civil. En ambos proyectos, los temas centrales han sido la vulnerabilidad laboral y social, y las migraciones. A partir de los resultados de las investigaciones recientes se realizó el Protocolo de Retorno que se puso a disposición de la Comisión Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar (Conadesuca-SADER), entidad con la que ECOSUR ha tenido distintas colaboraciones, dando como resultado la elaboración de un tríptico para ser distribuido en el sector. Si bien las recomendaciones para incidir en la acciones frente al COVID-19 se diseñaron pensando en trabajadores del sector azucarero, el modelo es válido a nivel nacional y para los trabajadores agrícolas internacionales.

Una deuda histórica

México tiene una responsabilidad moral con esta población —los trabajadores del campo que se desplazan a las y entre las regiones agrícolas y agroindustriales de México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice, Estados Unidos y Canadá— debido a la pobreza y marginación imperante en sus lugares de origen que han sido golpeados sistemáticamente por las políticas migratorias, la reestructuración económica y la tendencia global del desmantelamiento de los sistemas productivos campesinos. A pesar de innovar e ir contracorriente en movimientos como la Vía Campesina, el Buen Vivir, el Comercio Justo, etcétera, las tendencias mercantiles sobre la tierra y sus productos minan las opciones de millones de personas y las empujan a salir de sus hogares y comunidades a “buscar la vida”, muchas veces en familia y hasta en comunidad, como ocurre con los grupos indígenas de México.

Sin embargo, es necesario entender que los trabajadores y trabajadoras del campo que se desplazan para laborar consideran el recurso de la migración no solo como una fuente económica sino cultural en términos de salir a conocer, de tener mundo, de conectarse y formar sus propios cuadros políticos, intelectuales y técnicos; algunas de estas personas se han vuelto expertos agentes interculturales. En este sentido, hoy no solo son héroes por díctum oficial, sino que han sido los propios héroes culturales por sacar a flote al país con las transferencias monetarias que envian al igual que el resto de los trabajadores migrantes, producto de los migradólares y los migrapesos, por lo que han sido considerados agentes del cambio en sus comunidades, como se advierte en los paisajes actuales y la gran transformación de las regiones rurales.

Independientemente de la evaluación de “los impactos de la migración”, hay que tener presente que migrar es un derecho y que para muchos grupos humanos, familias y comunidades “migrar es una tradición”. Así se puede entender, incluso, como la experiencia de salir, de “brincar” los muros y enfrentar la migra se haya convertido en un rito de paso juvenil. De ahí que los cambios sociodemográficos en los grupos campesinos incluyan más jóvenes y mujeres en sus filas laborales, personas con mayor educación y nuevos esquemas familiares.

Para cerrar esta reflexión, podemos señalar que las iniciativas a favor de colaborar en las estrategias en esta emergencia sanitaria mundial nos invita a entender el papel de las ciencias sociales en la generación de conocimiento y metodologías rigurosas para posicionar los temas de la movilidad humana en una agenda, no solo de investigación sino de incidencia, que sin duda alguna ya abrió este gran experimento social que se vive a escala global.

El tríptico se puede descargar en https://www.gob.mx/conadesuca/articulos/evita-contagios-por-covid-19