27 de octubre de 2018

Las personas firmantes, académicos y académicas de instituciones ubicadas en los estados fronterizos de México con Guatemala y Belice, quienes hemos estudiado por varios años la migración y, en general, la movilidad de personas desde Centroamérica a México, en sus distintas modalidades, nos pronunciamos para sumarnos a las voces de preocupación por la situación que enfrentan las miles de personas, originarias principalmente de Honduras, que en estos momentos se desplazan por México, así como por la situación de quienes aún vienen en camino a este país para integrarse  a la llamada “Caravana Migrante” y  la de aquellas que están varadas o detenidas en distintos puntos de este recorrido.

El éxodo actual no es, en el fondo, distinto de lo que hemos constatado en las últimas dos décadas. Año con año, miles de personas huyen de situaciones a las cuales no le ven salida alguna en su país debido a las profundas carencias asociadas a la marginación sistémica, a la violencia desbordada y a la desprotección del Estado. Lo diferente e inédito es la estrategia. Ahora se movilizan como un contingente masivo, en grupo, como acción social colectiva de resistencia y supervivencia, que busca una solución alternativa a su situación.

Consideramos que el acto de migrar es una acción de reivindicación del derecho a la vida y a la seguridad humana de parte de quienes se mueven. Por eso, la migración de ningún modo es un atentado a la seguridad nacional del país receptor. Sin embargo, el gobierno mexicano ha respondido a esta huida masiva – así como a la migración forzada en general – como si fuese una amenaza a la seguridad de este país y a las relaciones bilaterales con Estados Unidos, perdiendo de vista que se trata de una emergencia humanitaria. Esta postura ha sido claramente evidenciada con el despliegue de unidades policiales y militares en la frontera México-Guatemala y en puntos de paso de la “caravana”, así como con la implementación de un sistema de asistencia humanitaria con condicionamientos, mediante el cual recibirían asistencia básica y apoyo del gobierno quienes se entreguen a oficiales de migración y sean solicitantes de la condición de refugiado o refugiada y, además, se encuentren en Chiapas y Oaxaca.

Con este pronunciamiento, nos sumamos a las voces que desde el pasado 13 de octubre, fecha en que empezó el éxodo desde Honduras, exigen al gobierno mexicano garantizar, proteger y respetar los derechos humanos de las personas que integran la “caravana” y, también, de personas de otros países que ya están en México o que seguirán llegando en búsqueda de protección y salvaguarda. Es necesario que el gobierno mexicano reconozca la urgencia de la protección internacional de las personas que en este momento huyen de su país, y que aplique los principios a que obliga dicho sistema humanitario, como la no devolución, que alude a la protección contra la expulsión, cualquier otra forma de devolución y medidas de rechazo en la frontera.

En el marco de este éxodo, rechazamos rotundamente el enfoque de securitización, de control militarizado y de intimidación de parte del gobierno mexicano y señalamos la falta de atención humanitaria igualitaria, que es violatoria de los derechos humanos de las personas migrantes en situación forzada.

Asimismo, hacemos eco de quienes han expresado su preocupación por los riesgos a los que están expuestas todas las personas migrantes en su ruta, como consecuencia de la violencia en varias regiones del país, de la inseguridad y de la desprotección a las que se enfrentan cotidianamente. Igualmente, nos sumamos a las peticiones que se han hecho en la búsqueda de alternativas para que niños, niñas y adolescentes, así como personas que desean iniciar el proceso de solicitud de la condición de refugiado y personas que fueron conducidas a “albergues” con ese fin, puedan recibir ayuda humanitaria e iniciar o continuar sus solicitudes de refugio con libertad de movimiento, y no en detención como ya se encuentra el último de estos grupos. Enfatizamos en la necesidad de exigir la garantía, la protección y el respeto de derechos y la obligación de los Estados en Centroamérica para salvaguardar a quienes huyen de situaciones extremas en sus países, especialmente de Honduras, país de donde proviene la mayoría de las personas que componen esta caravana. Asimismo, recalcamos la necesidad de garantizar la seguridad y la no-criminalización de las y los actores de la sociedad civil que acompañan a las personas desplazadas, así como de los defensores y las defensoras de derechos humanos que realizan labores de monitoreo y de asistencia jurídica y humanitaria a lo largo del país.

Firmas: