El 9 de noviembre se realizó la presentación del “Diagnóstico de la atención a personas LGBT en Chiapas”, en las instalaciones de la Enseñanza, Casa de la Ciudad, en San Cristóbal de Las Casas.

Areli Herrera, de la Fundación Arcoíris, A.C., mencionó que el diagnóstico a escala nacional inició en 2015 en los estados del centro del país y en 2017 continuó con el resto de los estados y fue realizado con el objetivo de conocer la atención y los principales desafíos que existen en materia de atención a las personas que reciben personas lesbianas, gay, bisexual, transexual e intersexual (LGBTI) en los servicios de educación, salud, laboral, seguridad social y justicia.

El diagnóstico nacional fue financiado a través del programa de coinversión social del Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL).

“Partimos del marco teórico de que existe discriminación a las personas LGBTI en todo el mundo debido a que hay una serie de estereotipos y prejuicios frente a la diversidad de expresiones de la sexualidad y el género. Ha habido avances a nivel nacional, existe una Ley General contra la Discriminación y fallos de la Suprema Corte de Justicia que respetan la unión civil entre personas del mismo sexo y dan acceso a la adopción, sin embargo, sabemos que estos cambios y avances no son homogéneos en todo el país y no han sido acompañados de cambios culturales necesarios para que las personas LGBTI tengan un trato digno”, mencionó.

Aremy Evangelista, investigadora del Departamento de Sociedad y Cultura de El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), además de dar un panorama amplio de lo que fue la investigación, señaló que tuvo tres objetivos específicos: identificar las distintas formas de discriminación que enfrentan las personas LGBTI en los servicios de atención, identificar las instancias públicas o privadas que cuentan con protocolos de atención a las personas LGBTI y detectar las principales condiciones que vulneran a las personas LGBTI en los servicios de atención.

Enfatizó que en Chiapas participaron de manera autoseleccionada 108 personas durante el pasado mes de julio, a través de un cuestionario en línea de 109 reactivos donde se preguntaban datos sociodemográficos y se indagaba sobre una serie de vulnerabilidades como el derecho a la salud, la educación, el trabajo, la seguridad social y de justicia, derechos de la víctima y si habían sido víctimas de violación de derechos humanos.

Informó que, de los hallazgos destacados del diagnóstico, 4 de cada 10 personas LGBT se encuentran marginadas de la relación obrero-patronal y se ven obligadas a crear y buscar espacios laborales en organizaciones sociales, actividades profesionales independientes, autoemplearse e incluso ingresar al trabajo sexual (5%); además el 22% no estaba trabajando. 54% de las personas entrevistadas no cuentan con seguridad social, por lo que no tienen garantizados servicios de salud, indemnización por enfermedad consecuente del trabajo, e incapacidad, entre otros.

En el ámbito educativo, la mitad de las personas encuestadas ha sufrido alguna forma de discriminación, como burlas, insultos, golpes o las han ignorado. La reacción más reportada en los casos de discriminación o violencia fue no hacer nada, ignorar lo que pasaba, sentir enojo y frustración porque consideran que quejarse resultaría inútil.

Señaló que el 33% de las personas encuestadas dijo no contar con servicios médicos públicos sino acudir a servicios privados y la mayoría, el 75%, considera que pocas veces o ninguna vez el personal está capacitado para atender a las personas LGBTI. Las identidades con mayores restricciones en materia de seguridad social son las mujeres trans; quienes mejores condiciones tienen son los hombres.

El 22.57% contestó haber sido víctima de agresiones físicas relacionadas con su condición de género, los sujetos perpetradores de estas agresiones fueron amigos, policías e inclusive su mismo núcleo familiar. Más de la mitad de las personas encuestadas dijeron haber sido víctimas de distintas formas de amenazas; el 68% declaró saber de asesinatos a personas LGBTI en los últimos tres años y casi 10% dice saber de alguna persona conocida LGBTI desaparecida desde hace más de un mes.

“La única conclusión general que podemos hacer de este informe para Chiapas, es que la condición como grupo no heteronormado, no es el único marcador que configura las condiciones de vulnerabilidad de las personas LGBTI, las mismas se incrementan si tiene un nivel de escolaridad bajo, si se dedican al trabajo sexual o si son migrantes o las tres, como en algunos casos de las mujeres trans. La intersección de formas de identidad y distinción en contextos diferentes producen situaciones en las que las personas LGBTI son vulnerables al abuso y a la discriminación”, enfatizó.

Arturo Ruiz Utrilla, estudiante del doctorado en Ciencias en Ecología y Desarrollo Sustentable de ECOSUR, mencionó que el diagnóstico da cuenta del poder de arraigo del sistema heteropatriarcal que se produce y reproduce al interior de las instituciones por medio de una vigilancia cotidiana sobre los cuerpos, y que da cuenta de las formas en que se expresa cotidianamente este sistema, desde insultos, exclusiones, agresiones físicas, malos tratos, amenazas, restricciones al acceso de bienes y servicios sociales al interior de espacios laborales, de salud, educación y hasta al interior del núcleo familiar.

A partir de un análisis de las normatividades, el diagnóstico explora otra de las formas en que actúa la heteronormatividad como la omisión explícita de categorías como diversidad sexual, homofobia, y de los sustantivos homosexual, lesbianas, bisexuales o identidades trans.

Señaló que el Código Penal, el Código de Atención a la Familia y Grupos Vulnerables para el estado de Chiapas, la Ley que combate la Discriminación en el estado, Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres, Ley de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, Ley de Acceso para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el estado de Chiapas, mencionan de manera directa categorías como preferencia y orientación sexual, lo que si implica la diversidad sexual, sin embargo, no garantizan el acceso a los derechos y la protección de las personas LGBTI, a menudo porque no denuncian y cuando lo hacen son víctimas de malos tratos, o sus derechos se restringieron o entorpecieron por procesos burocráticos, engorrosos y omisiones.

Alejandro Rivera Marroquín, de la Coordinación Estatal del Programa VIH/Sida/ITS, mencionó que la discriminación a la que se enfrenta de manera cotidiana la población LGBT está permeada de estrés y violencia social.

Dio a conocer que el 74.7% de las personas transgénero enfrentan más discriminación para el acceso a los servicios de salud, educación y empleo que los hombres gay; del 40% al 70% de las mujeres trans en América Latina han enfrentado la necesidad o fueron obligadas a irse de sus hogares; el 78% de las muertes violentas de personas trans en el mundo ocurrieron en América Latina para 2016.

Indicó que México es el segundo país con mayor índice de crímenes por transfobia lo que conlleva a que la esperanza de vida sea de 35 años de edad y que en la actualidad las identidades trangénero siguen siendo catalogadas como enfermas.

Alied Bencomo Alerm, del programa de TB en Jurisdicción Sanitaria II, mencionó que si bien dentro de lo legal aparentemente se ha avanzado en el estado de Chiapas, el informe nos da pista sobre algunos aspectos donde la población LGBTT puede ver afectados sus derechos.

“Por señalar un caso, existe poca cultura de la asistencia a los servicios de salud desde la lógica de la prevención, si bien la población encuestada manifiesta que se enferma poco, es importante que se considere que los servicios de salud no están preparados para atender a este tipo de población, basta observar que los registros clínicos siguen conservando los formatos de femenino y masculino o mujer y hombre para referirse al sexo-género, dejando automáticamente fuera a la población LGBT, debiéndose atribuir quiera o no a la lógica heteronormativa”, señaló.

Darwin Pereyra Vázquez, activista LGBTI comentó que el diagnóstico será útil a todas las personas, independientemente de su identidad de género, para exigir políticas públicas en materia de derechos humanos para las personas LGBTI.

“En el ámbito educativo se pude implementar un programa o un proyecto en el que exista más financiamiento para la atención de la diversidad sexual, asimismo, el diagnóstico puede ayudar para exigir la conformación de propuestas legislativas en beneficio de la comunidad lésbica, gay, bisexuales, transexuales e intersexual”, señaló.

El Informe Estatal para la Elaboración del Diagnóstico sobre Atención a personas Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans en México estará próximamente disponible en versión pdf para su distribución gratuita. Las personas interesadas pueden solicitarlo a Angélica Evangelista al correo: aevangel@www.ecosur.mx

Con información de: Angélica Aremy Evangelista García

Fotografía: Ramón Abraham Mena Farrera y Arturo Gerardo Ruiz Utrilla