La gestión migratoria global y las acciones del gobierno mexicano

María Guadalupe Ortiz Gómez

Catedrática CONACyT- El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR)

mgortiz@ecosur.mx

 

La migración es un tema que se ha vuelto relevante en los últimos años y a la luz de los acontecimientos recientes podemos afirmar que plantea grandes retos para los gobiernos nacionales, estatales y locales; así como para los organismos internacionales y asociaciones de países a escala regional. Es un fenómeno global que requiere ser abordado con acciones pertinentes, sobre todo en regiones donde se han configurado escenarios de alto riesgo para los diversos actores involucrados.

En este artículo presento una breve revisión de las principales tendencias de la gestión migratoria a nivel global para identificar algunos de los principales desafíos que el gobierno mexicano tiene en dicha materia.

Principales tendencias globales de gestión migratoria

La gestión de las migraciones es una materia que ha cobrado relevancia a escala internacional en las últimas décadas. Aunque la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) se creó en 1951 y forma parte del Sistema de Naciones Unidas desde 2016, es hasta los noventa cuando la cuestión migratoria cobró mayor presencia en las discusiones de los organismos internacionales y se le comenzó a vincular con asuntos como el desarrollo, el libre comercio, y los derechos humanos, entre otros.

La migración se concibe como un fenómeno que puede tener un doble efecto: si no es bien gestionado puede tener consecuencias catastróficas, mientras una buena gestión conllevaría ventajas importantes, y en este contexto es que emerge como un tema prioritario para el cual debía haber un plan estratégico a escala global.

Con tal objetivo, el gobierno de Suiza lanzó la Iniciativa de Berna, en el contexto del Simposio Internacional sobre Migración celebrado en 2001, que reconoce como necesaria la cooperación interestatal para la gestión de las migraciones a escala global, así como la participación de las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, y de expertos en el tema. Algunos de los participantes activos en este proceso fueron la Oficina Internacional del Trabajo (OIT), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), las Consultas Intergubernamentales sobre Asilo, Refugiados y Políticas Migratorias entre Europa, América del Norte y Australia (IGC), el Internacional Centre for Migration Policy Development (ICMPD) y la OIM.

La Iniciativa de Berna recogió las perspectivas de los diferentes estados y las plasmó en la Agenda Internacional para la Gestión de las Migraciones (AIGM), que tiene como objetivo “servir a los formuladores de políticas gubernamentales y a quienes se ocupan de la migración a fin de que fomenten la capacidad de desarrollar una política migratoria nacional, una legislación y las estructuras administrativas adecuadas, así como una cooperación interestatal efectiva en gestión de la migración, al tiempo que se respeta su soberanía en este ámbito”.

Así, la AIGM se constituyó en el referente más importante en el diseño de políticas migratorias a escala internacional, al incluir temas como derechos humanos de los migrantes, migración laboral, integración, migración irregular, trata de personas y tráfico de migrantes, comercio, salud, retorno, así como el vínculo entre migración y desarrollo.

Posteriormente, en 2015, se publicó el Marco de Gobernanza sobre la Migración. Elementos esenciales para facilitar la migración y la movilidad de manera ordenada, segura, regular y responsable gracias a políticas migratorias planificadas y bien gestionadas (MGM), que define la gobernanza como “las tradiciones e instituciones en virtud de las cuales un país ejerce su autoridad sobre la migración, la movilidad y la nacionalidad, incluida la capacidad del gobierno de formular e implementar con eficiencia políticas adecuadas en estos ámbitos”. Se reconoce al Estado como el interlocutor principal en materia de migración, movilidad y asuntos de nacionalidad, y su derecho a determinar quién ingresa y permanece en su territorio y en qué condiciones.

El documento se sustenta en tres principios: “la nueva gobernanza de la migración necesitaría que el Estado se adhiera a las normas internacionales y al cumplimiento de los derechos de los migrantes”, “la migración y las políticas conexas se formulan adecuadamente cuando recurren a hechos contrastados y utilizan enfoques de gobierno integrados” y “la buena gobernanza de la migración depende de asociaciones duraderas”.

Entre sus objetivos enuncia que “la buena gobernanza de la migración y las políticas conexas deberían fomentar el bienestar socioeconómico de los migrantes y la sociedad”, y que “la gobernanza adecuada de la migración se debería fundamentar en respuestas eficaces a la movilidad en situaciones de crisis”.

Como se puede observar, el Marco de Gobernanza sobre la Migración abarca diferentes escalas, dimensiones, aspectos, campos y actores que confluyen en los fenómenos migratorios. Resalta la necesidad de hacer frente a las problemáticas mediante acciones concretas, ordenadas, bien coordinadas entre los diferentes actores, tanto de escala doméstica como internacional, con el fin de garantizar la obtención de las ventajas y disminuir los efectos negativos como la violación a los derechos humanos de las personas migrantes. En este sentido, el cumplimiento de los principios de la MGM resulta ser un enorme reto para los gobiernos de los diferentes países y nos invita a analizar las acciones que el gobierno mexicano ha realizado para la gestión de las migraciones.

El Programa Especial de Migración y sus afinidades con el MGM

El marco de acción del gobierno mexicano en relación con las migraciones tiene como sustento jurídico la Ley de Migración, que fue promulgada en mayo 2011. Encuentra su referente principal en el Programa Especial de Migración (PEM) —publicado en el Diario Oficial de la Federación en abril de 2014—  en cuyo diseño participaron diferentes actores sociales, como organizaciones de la sociedad civil y el sector académico, y que está a cargo de la Secretaría de Gobernación y es ejecutado por el Instituto Nacional de Migración.

En la página web de la Segob, se sostiene que “Una política migratoria de Estado tiene por objeto superior el bienestar del migrante, a través del ejercicio efectivo de su identidad, del disfrute de sus derechos sociales, económicos y culturales. Busca hacer efectivo su bienestar para consolidar su papel como agente para el desarrollo”.

Una visión de conjunto sobre el PEM nos permite afirmar que, de jure, la afinidad que tiene con los instrumentos internacionales para la gestión de las migraciones es alta. El reconocimiento de los derechos humanos, la incorporación del vínculo migración-desarrollo, la corresponsabilidad entre diferentes agentes nacionales e internacionales y la necesidad de hacer eficiente la administración pública, aparecen recurrentemente tanto en los instrumentos internacionales como en el PEM, lo que se encuentra directamente relacionado con la idea de reconocer y potenciar  a los migrantes como agentes del desarrollo.

Sin lugar a duda, los desafíos para los gobiernos de los tres niveles en México son enormes. Uno de los principales para el nuevo gobierno será instrumentar un orden jurídico que, de facto, garantice el respeto a los derechos humanos de cualquier persona migrante, sobre todo en situaciones de emergencia como la que se presentó recientemente con las caravanas de centroamericanos que buscan llegar a Estados Unidos para solicitar asilo.

 

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Crónica: http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1104854.html