A punto de cumplir medio siglo de migraciones por motivos laborales en la región productora de caña de azúcar en la frontera México-Belice, cientos de familias indígenas de Chiapas y Oaxaca enfrentan necesidades urgentes debido a la omisión del Estado de proveer servicios básicos a las comunidades en sus lugares de origen y destino laboral. Martha García, investigadora de ECOSUR en la Unidad de Chetumal y especialista en migraciones laborales, realizó un diagnóstico sobre la condiciones laborales y sociales de las familias trabajadoras agrícolas y de los grupos de cosecha, integrados por personas de variadas edades, en el que advierte la falta de acceso a una serie de derechos constitucionales.

Tras una década de investigaciones en diversas regiones cañeras de México y en particular en el sur de Quintana Roo y en el Soconusco en Chiapas, ha documentado la precarización laboral histórica de este sector, así como la falta de derechos sociales y laborales que afectan mayormente a la población indígena nacional y a la proveniente de Guatemala. 

En la búsqueda de indicadores para la intervención

A cargo del Sistema de Protección para Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) estatal de Quintana Roo, en la región cañera se realiza por tercer año consecutivo la Jornada de restitución de derechos a Niñas, Niños y Adolescentes, que coordina servicios de salud, asesoría jurídica y otros apoyos a familias que residen en los albergues de la zona cañera. A partir de intercambios sobre la ejecución de este programa y en una alianza academia-gobierno, García postuló a la convocatoria Mujeres en la Consejo del Consejo Quintanarroense de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, obteniendo financiamiento para su investigación en la zafra 2024-2025. 

El objetivo de su estudio es proporcionar una metodología mixta con indicadores de intervención social para la acción pública, misma que ya fue presentada ante el grupo de trabajo del mencionado programa de SIPINNA, que incluye una veintena de instituciones estatales y federales, destacando la mesa de atención del Instituto Nacional de Migración. En este caso, resalta el reto de crear evidencias para la intervención directa con grupos sociales en desventaja y la responsabilidad institucional que implican las alianzas con agentes sociales, gubernamentales y privadas.  

La académica de ECOSUR estimó pertinente la generación de materiales de divulgación como infografías, mismas que presentó y entregó al gobierno de Quintana Roo y que fueron difundidas entre sus aliados institucionales, organizaciones productivas y la empresa del ingenio de San Rafael de Pucté, en una reunión de trabajo en la que se destacaron las oportunidades de intervención en salud, educación e identidad.

El trabajo realizado en las regiones cañeras por la especialista de ECOSUR abarca distintos campos disciplinarios, humanísticos y políticos para contribuir con perspectivas de ciencia aplicada a la incidencia sobre problemas sociales en las regiones de la frontera sur y contar con equipos de trabajo regionales. En Chetumal, las colaboraciones están a cargo del doctorante, Marlon Álvarez Solares; el posdoctorante Justo Rojas López y la egresada de la maestría, Beatriz Hernández López, traductora de tseltal. Con los diversos proyectos que ha realizado, García busca aportar conocimiento sobre un sector que históricamente ha reproducido esquemas de explotación humana en todo el mundo. De ello dan cuenta sus publicaciones especializadas y de divulgación, como los documentales Jornaleros del azúcar y Flores de caña, ubicados en línea.

Niñas, niños y adolescentes (NNA) en la región cañera de Quintana Roo

García, recientemente presentó su estudio piloto de la zafra 2023-2024 en el que documentó el perfil sociodemográfico de los grupos de cosecha, poniendo énfasis en la población infantil y adolescente. Los resultados advierten que el sistema político y social socava los derechos estos grupos sociales como ciudadanos y contribuye a reproducir su marginación y exclusión condenando a las actuales y futuras generaciones. 

En la infografía se concentran los datos estadísticos y de análisis etnográfico más sobresalientes en torno al perfil sociodemográfico de las familias y NNA en la región cañera de Quintana Roo, en la que puntualiza los desafíos que tienen los estados y municipios de origen y destino laboral para romper con la cadena de oprobios a estas poblaciones y contribuir a que tengan un mejor presente social.

Entre los problemas que aquejan a estas poblaciones está la falta de atención a la salud reproductiva de las mujeres, quienes recurren a parteras sin certificación, lo que les imposibilita expedir registros de nacimiento, hecho que ocasiona que las niñas y niños recién nacidos carezcan de actas de nacimiento. Decenas de NNA y población adulta carecen de este registro de identidad, lo que impide su acceso a trámites básicos y programas sociales.

Otro lastre se relaciona con los servicios educativos, pues la población en edad escolar se ve limitada a concluir los ciclos escolares en su lugar de origen por las dinámicas laborales familiares que impulsan su movilidad hacia destinos de trabajo al norte y sur de México. La población de NNA pierde el derecho a becas locales y están imposibilitados de recuperarlas o lograr otros apoyos donde residen temporalmente por motivos de trabajo del padre o la madre.

En ambos casos, se crea una ecuación social de marginación, pues sin documentos y sin acceso a los derechos y recursos sociales, las familias acumulan rezagos haciendo más crítica su situación de pobreza y arriesgando su estabilidad y seguridad social en el presente y futuro inmediato. Según datos del mencionado diagnóstico, realizado con cien familias con 255 NNA, se encuentra un grupo de niños que trabaja o está en riesgo laboral en el corte de caña; además de la incorporación de las niñas en tareas domésticas como la preparación de alimentos y cuidados. 

La especialista reconoce la complejidad de abordar la problemática estructural de este mercado de trabajo, estructurando un sistema de exclusión en las regiones indígenas del país y que obliga a las comunidades a salir a distintas zonas para emplearse en trabajos precarizados, tanto en el territorio mexicano como en el extranjero.

Programas de atención para identificar buenas y malas prácticas

García apunta que en el sector azucarero se aplican programas de atención para identificar las buenas y malas prácticas, según los estándares internacionales con intervenciones directas de organizaciones no gubernamentales (ongs), en convenio con organizaciones de productores y empresarios de la industria azucarera. Sin embargo, los desafíos sectoriales se siguen concentrando, sobre todo, en detener los procesos de precarización laboral, como los pagos a destajo por tonelada de caña.

Como resultado de su trabajo directo con grupos de cosecha y sus familias, desde hace tres años en el sur de Quintana Roo, García ha logrado identificar en la zona agroindustrial de San Rafael de Pucté las prioridades de atención de esta población laboral, en su mayoría de origen tseltal de municipios del norte chiapaneco y zapoteco de la costa oaxaqueña.

En la búsqueda de indicadores para la atención de jornaleros agrícolas

En un trabajo colaborativo, la antropóloga estableció indicadores sociales para la atención de estos grupos considerando la intervención del gobierno de Quintana Roo en los albergues donde arriban los grupos de cortadores y familias trabajadoras agrícolas durante la zafra entre los meses de diciembre y junio.

Se promoverá la metodología con pretensión de modelo para el sector azucarero y que se concentra en indicadores sobre acceso a la salud, educación e identidad, en el proyecto que ya se desarrolla en Quintana Roo para la zafra 2024-2025, respalda por un diagnóstico sociodemográfico de familias y NNA.