ECOSUR participa en reunión de alto nivel sobre migración, oportunidades rurales, desarrollo y seguridad alimentaria

El 2 y 3 de julio, se llevó a cabo en el salón Morelos de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, una reunión de alto nivel sobre migración, oportunidades rurales, desarrollo y seguridad alimentaria organizada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), con la presencia de funcionarios públicos, senadores, diputados, ONG’s y académicos de Guatemala, El Salvador, Honduras y México.

Estuvo encabezada por José Graziano Da Silva, director general de la FAO, e inaugurada por Maximiliano Reyes Zúñiga, subsecretario de América Latina y El Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, y se contó con la presencia de Víctor Villalobos, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural. Por El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR) participaron Ramón Mariaca Méndez, coordinador de la Unidad San Cristóbal y Everardo Barba Macías, coordinador general académico.

De izquierda a derecha: Everardo Barba Macías, coordinador general académico y Ramón Mariaca Méndez, coordinador de la Unidad San Cristóbal

 

Esta reunión constó de cuatro mesas consecutivas, cada una con panelistas de los cuatro países y la FAO, los temas abordados fueron: Causas de la migración desde territorios rurales y características de los territorios rurales y los migrantes; Soluciones desde el desarrollo rural y la seguridad alimentaria; Estrategias y acciones en los países para mitigar la migración rural; y Cooperación regional e internacional para el desarrollo de los territorios rurales que son centro de origen de los migrantes.

En dicho evento se señaló que, si bien los fenómenos migratorios son mundiales e históricos, se está enfrentando un importante flujo de seres humanos de Centroamérica y México hacia los EEUU, mismo que puede ser enfrentado a través de un gran plan de desarrollo donde la seguridad alimentaria y el empleo estén en el centro.

La migración rural forzada se ha incrementado en los últimos años fuertemente siendo la hipótesis central de que se debe al cambio climático de Centroamérica, donde dos terceras partes de la población vive en el campo, no tiene empleo y también dos terceras partes de la superficie se ha visto agravada por sequias o tormentas, erosionando los medios de subsistencia de las familias rurales. Junto a esto, situaciones tan difíciles como la crisis del café, han generado pobreza extrema en pueblos y regiones completas.

Junto al cambio climático que está impactando sobre todo en el corredor seco centroamericano, están como principales causas de la migración centroamericana: la crisis política y debilidad de los Estados nacionales; una fuerte desigualdad social; condiciones económicas estructurales que favorecen el enriquecimiento de unos pocos a costa del empobrecimiento de muchos; necesidad de reunificación de familias separadas; violencia e inseguridad; problemas de tenencia y conflictividad agraria. Todo esto provoca una pobreza insostenible, haciendo migrar a la gente por hambre y por miedo principalmente.

El cambio climático está generando específicamente incremento en la roya del cafeto y un cambio alarmante en el patrón de lluvias donde llueve menos en mayo y caen fuertes torrenciales en septiembre, lo que provoca fuertes pérdidas en las cosechas.

Para lograr un plan de gran visión que combata las causas de la migración hacen faltan cuatro condiciones fundamentales: voluntad política de los gobernantes, un fabuloso punto de partida; orientar la producción a los más pobres dándoles prioridad; fortalecer la institucionalidad para el desarrollo local de marcos legales que den solidez a la agenda de desarrollo y; la participación social efectiva, para lo que es necesario transparencia, monitoreo, evaluación y rendición de cuentas.

Debe considerarse que el problema de Centroamérica no es sensu stricto la falta de desarrollo regional sino el estilo de desarrollo, ya que se tiene una matriz de baja productividad, donde solo 20% labora en trabajos de alta productividad mientras que más del 50% están inmersos en empleos de baja productividad, de tal forma que en EEUU el nivel de productividad es 20 veces mayor que el de Latinoamérica.

La atención de los países centroamericanos a su población, debido a la debilidad gubernamental, disminuye conforme ésta se aleja hacia la periferia, habiendo por ello una fuerte exclusión de un porcentaje muy importante de ciudadanos del desarrollo, generando esto pobreza extrema, violencia y un alto flujo de ilegalidad económica. La expulsión de jóvenes es muy alta.

Otro lado del fenómeno migratorio está en los EEUU, que necesita de la mano de obra de los inmigrantes, ya que es una sociedad envejecida (entre 2000 y 2018 tuvo un déficit de 17 millones de trabajadores) sintetizándose en la frase “los necesito pero no los quiero como personas” por lo que se ha generado una política de vulneralización de los recién llegados, creando condiciones de subordinación y teniéndolos sin derechos para que lleguen al vecino país del norte en una  posición totalmente asimétrica.

En Centroamérica urge un desarrollo sustentable más allá de un solo período gubernamental, donde la población tenga acceso al agua, a la educación, a un empleo digno y empleo rural agrícola y no agrícola, donde se apoye a las mujeres y a los jóvenes y niños, donde el desarrolle se territorialice.

Otras acciones necesarias son: crear hogares rurales resilientes donde la agroecología juegue un importante papel; atención a  los migrantes de retorno; fortalecimiento del tejido social y el arraigo; generación de mapas de riesgo para planificar el desarrollo rural; fortalecer el mercado externo; trabajar más en cadenas agroalimentarias en el campo que en cadenas agroindustriales; la agenda 2030 no se podrá alcanzar si no hay un nuevo esquema de cómo hacer desarrollo rural; trabajar con una fuerte comunicación y coordinación entre los países involucrados; visibilizar y compartir las experiencias exitosas; transparentar las acciones de gubernamentales a través de un seguimiento y evaluación estricta de las acciones realizadas, permitiendo la participación de la sociedad civil.