Brenda Olvera Delgadillo*, Santana Navarro-Olmedo**, Birgit Schmook*** y Claudia Radel****
*Egresada de la Maestría en Ciencias de ECOSUR **Egresado del Doctorado en Ciencias de ECOSUR ***Investigadora de ECOSUR****Investigadora de la Universidad Estatal de Utah
Datos revelados por una encuesta y entrevistas realizadas por El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR) sugieren que los programas gubernamentales Programa de Inclusión Social PROSPERA, Programa de Apoyo Alimentario (PAL), Programa Estratégico para la Seguridad Alimentaria (PESA) y Cocinas Escolares, han impactado negativamente en la dieta de los hogares de dos comunidades del municipio de Calakmul, al favorecer o incrementar la compra de alimentos industrializados mediante las ayudas económicas en efectivo y el otorgamiento de despensas.
Este efecto no deseado de los programas de apoyo alimentario con frecuencia está reforzado por la insuficiente producción de alimentos —maíz, frijol, calabaza, entre otros— tanto para la subsistencia como para la comercialización, lo cual tiende a empeorar la condición nutricional de la población.
La desinformación, el bajo nivel educativo, la nula educación nutrimental y la gran disponibilidad de alimentos industrializados, son factores que contribuyen al consumo de estos alimentos en las familias rurales del sureste de México, quienes tienen una larga tradición de producción agrícola y ganadera e históricamente han basado su alimentación en los alimentos que producen.
Al analizar el impacto que estos programas sociales alimentarios —PROSPERA, PAL, PESA, Cocinas Escolares— tienen entre la población de Calakmul, se encontró que si bien tienen un efecto positivo al disminuir de manera temporal la vulnerabilidad alimentaria en los hogares, el balance general es negativo. Por ejemplo, el flujo constante de las transferencias monetarias de PROSPERA ha permitido a los hogares contar con dinero en efectivo, lo que facilita a la población comprar insumos para los cultivos y la cría de animales de traspatio, pero también la compra de alimentos y bebidas procesados, hecho que genera un cambio no positivo en el patrón alimentario.
Por su parte, observamos que PESA fomenta y promueve el consumo de alimentos locales utilizando los recursos con los que cuentan las comunidades como cactáceos, tubérculos, hierbas, animales de monte, maíz y frijol, entre otros, es decir que hay un cambio positivo en el patrón de consumo de alimentos locales por hogar pero insuficiente para que las familias cambien su preferencia por el consumo de alimentos industrializados.
El principal efecto positivo del PAL, observado por las mujeres beneficiadas fue que les permite la mayor movilidad para realizar sus tareas cotidianas, puesto que las reglas de operación del programa no las sujeta a cumplir con condiciones más que acudir al menos una vez al semestre a la clínica de salud y estar presentes el día de pago. Sin embargo, los apoyos monetarios y los complementos alimenticios del programa no contribuyen al cambio en el patrón de consumo alimentario al ser utilizados para la compra e intercambio de alimentos industrializados.
Finalmente, el programa de Cocinas Escolares resultó significativo por el hecho que cada vez más niñas y niños tienen acceso a los desayunos que ofrece el programa, en particular en una de las comunidades donde se realizaron las encuestas y el cuestionario.
Esta situación alimentaria actual en las comunidades rurales de México es resultado de una ola de cambios que inició la administración pública en la década de los 80 y que trajo consigo una serie de transformaciones económicas y políticas como la reducción de las inversiones públicas de apoyo al campo, desmantelamiento de programas sociales y juntas de comercialización estatales, y la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con América del Norte y Canadá (TLCAN) en 1994, entre otras medidas, que impactaron negativamente al sector agrícola.
El TLCAN llevó a millones de agricultores mexicanos a una fuerte presión económica por la caída de precios en los granos básicos, que provocó desplazamiento de la producción local (dumping), y favoreció los monopolios, la sobreproducción y el acaparamiento de alimentos. Un ejemplo de ello, es el maíz proveniente de Estados Unidos, cuyo precio es casi un 20% menor al promedio de los costos de producción de los agricultores mexicanos. Lo anterior también se acompañó de una concentración de la producción, por algunas empresas comerciales de los alimentos. En México, podemos ver un ejemplo de lo anterior en la empresa Maseca, que tiene el monopolio de la venta de harina de maíz que se distribuye en las tortillerías, lo que implica el acaparamiento del grano. Es de esperarse que el control por parte de una empresa privada, en medio de la escasez productiva sumado a la fuerte demanda del grano, haya afectado a los consumidores locales con precios más altos de la tortilla.
En este contexto, surgió una nueva generación de programas gubernamentales. Por ejemplo, en 1988 nació el Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL), cuyo objetivo era combatir los bajos niveles de vida de la población mexicana. En 1997 cambia de nombre a Programa de Educación, Salud y Alimentación (PROGRESA), en 2002 se transforma en el Programa de Desarrollo Humano (OPORTUNIDADES) y en 2013 es renombrado como Programa de Inclusión Social (PROSPERA).
De acuerdo con las reglas de operación del programa, las beneficiadas están obligadas a cumplir con las condiciones establecidas que incluyen actividades físicas, visitas médicas, asistencia de sus hijos e hijas a la escuela y talleres para el autocuidado de la salud. Las beneficiadas que han cumplido con esas condiciones obtienen al bimestre transferencias en efectivo de muy bajo monto, y a quienes no cumplan con las obligaciones se les descuenta un 50% del apoyo económico o se les retira de manera definitiva.
En 2003 surge el PAL con el objetivo de atender a la población que no cuenta con PROSPERA. El apoyo consiste en dinero en efectivo y la entrega de 13 productos de la canasta básica. Los apoyos se dan bimestralmente únicamente a mujeres, quienes no tienen ninguna obligación con el programa, excepto asistir los días de pago.
En 1994 se crea PESA, en el seno de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y en 2002 comienza a operar en México. Este programa busca incidir en las zonas rurales marginadas del país teniendo como principal interés el tema alimentario.
El programa de Cocinas Escolares del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) es el más antiguo de estos programas, se remonta al programa “Gota de Leche” de 1929. Actualmente, otorga desayunos escolares en zonas marginadas acompañados de orientación alimentaria.
En general, se asume que estos programas tienen un impacto positivo en las poblaciones más vulnerables, que mejoran su alimentación y nutrición y, con ello, contribuyen a mejorar las condiciones de vida de la población. Sin embargo, también se han reportado resultados que demuestran que los programas sociales alimentarios han tenido un impacto desigual en los beneficiados, por ejemplo, los niños y las niñas en edades de 2 a los 6 años siguen padeciendo anemia como un problema grave; 20-30% de niños y niñas tienen deficiencia de hierro y baja estatura.
Otros de los efectos no deseados de estos programas es que han generado dependencia de las subvenciones de los programas y sujeción a la lógica reglamentaria y empresarial de los proyectos (vivienda, salud, educación, producción agropecuaria, etcétera) y apoyos a la alimentación, obligando a la población y especialmente a las mujeres a contraer compromiso con los programas sociales, lo que ha provocado (aún sin intención), la desarticulación de sus modos de producción y consumo. También se ha observado que los programas influyen en las decisiones de la población rural para la producción de alimentos y en la elección de alimentos que consumen.
En síntesis, este tipo de programas sociales alimentarios inciden en la dieta de los hogares mediante la compra, entrega o producción de alimentos, al tiempo que favorecen el consumo de alimentos industrializados.
Más información: Birgit Schmook (bschmook@www.ecosur.mx)
