Durante un encuentro de reflexión y analisis llamado «Gobernanza criminal en Chiapas: impactos para la defensa y promoción de los derechos humanos», efectuada en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), se reunieron expertos de la UNAM, de otras universidades de México, Colombia y centros de investigación superior y de derechos humanos, quienes debatieron sobre las relaciones entre grupos del crimen organizado, autoridades locales, organizaciones y empresas.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) y el Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR) advirtieron este martes que Chiapas vive un colapso de gobernabilidad sin precedente, en el que las fronteras entre la autoridad legítima y el poder criminal se han borrado, dejando a comunidades enteras atrapadas en un régimen de miedo, silencio y control territorial que ya alcanza a todo el estado.
El miedo como método
Carla Beatriz Zamora, socióloga e investigadora del Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), describió cómo la violencia ha generado un nuevo orden social que obliga a la población a adaptarse a nuevas formas de vivir. Un orden que, advirtió, no debe normalizarse. «Lo que tenemos ahora es un nuevo orden social que marca la violencia, dijo.
Identificó las formas económicas que sostienen ese orden: extorsión, tráfico de armas, tala ilegal, trata de personas, trata de infantes y delitos cibernéticos. Señaló además un impacto psicológico que aún no termina de dimensionarse: la desesperanza, la frustración y el miedo que enfrentan quienes han vivido estas etapas.
«Hay un impacto económico que todavía no se da cuenta pero se ve en el abandono de propiedades, el cobro de piso, el control de la economía”, apuntó la investigadora.
Desde enero de 2021 hasta octubre de 2025, organizaciones humanitarias registraron 24,290 personas víctimas de desplazamiento forzado en Chiapas, provenientes de municipios como Pantelhó, Frontera Comalapa, Chicomuselo, Oxchuc, Chenalhó y Ocosingo, entre otros. Chiapas concentró, según la Universidad Iberoamericana, el 61.8 por ciento de los casos de desplazamiento forzado registrados a nivel nacional en 2024.
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