Remy Vandame
Investigador del Departamento de Agricultura, Sociedad y Ambiente
Hoy es buen día para recordar el artículo 2 de la constitución, que inicia con “La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas.”
Este artículo obliga a consultar a los pueblos indígenas respecto a todo proyecto que puede afectar a su territorio. Y se vincula estrechamente con la decisión tomada por la Sagarpa en septiembre pasado, hecha pública en diciembre, de revocar el permiso dado a Monsanto para sembrar soya transgénica en 253,000 hectáreas en el sureste de México.
Algunos momentos claves de estos 6 años de historia…
En 2012, Sagarpa otorga dicho permiso, con dictamen favorable de la Semarnat, en violación de las opiniones desfavorables y entonces vinculantes, de Conabio, INE y Conanp. Los apicultores de 4 estados presentaron demandas de amparo. En 2014, los juzgados de Yucatán y Campeche acordaron los amparos, por violación de su propio reglamento por Semarnat, por no haberse realizado la consulta como lo exigía la constitución y el convenio OIT 169, y por considerar el derecho al medio ambiente sano. El caso se trasladó a la SCJN, la cual en diciembre 2015 confirmó el amparo por violación del derecho a la consulta, suspendió el permiso, y ordenó a la CDI y la Cibiogem realizar la consulta apropiadamente. Inició la consulta, bajo supervisión de una Misión de Observación constituida ad hoc por la sociedad civil, con la participación de numerosos académicos de la ciencias sociales, resultando en varias denuncias. Los apicultores monitorearon las siembras, denunciando la siembra de 23,000 hectáreas de soya transgénica, en noviembre pasado, fuera de todo permiso vigente. Y finalmente en diciembre se dio a conocer la revocación del permiso por parte de Sagarpa, la cual consideró que Monsanto había incumplido con el control del flujo de semillas al cual le obligaba el permiso y la ley de bioseguridad. Actualmente la revocación es objeto de apelación por Mosanto.
Algunas consideraciones…
– Ha llevado 6 años para que los apicultores hagan reconocer las múltiples violaciones a la ley bajo responsabilidad de instituciones del estado, pero se ha logrado la revocación del permiso.
– Los elementos claves para ello fueron: 1) la implicación sin falla de los propios apicultores, quienes se reunieron y hicieron escuchar su voz en todos los espacios, a nivel local, estatal, nacional e internacional (CIDH); 2) la articulación de su acción con diferentes sectores de la sociedad (organizaciones de derechos humanos y derechos ambiental, actores del mercado, academia – Ecosur en primer lugar, pero también Ciesas, UAC, UADY, UNAM, y por supuesto, la UCCS).
– Otras instituciones del estado han jugado sin embargo un papel clave, con independencia – en particular los juzgados federales y la SCJN.
– A pesar de lo que podría verse como un logro, las acciones ilegales permanecen (siembra de soya GM en 2016 y 2017) y permanecen impunes.
– La propia Ciobiogem, con la cual Ecosur está vinculada (el director de Conacyt es su vice-presidente y dos colegas de Ecosur forman parte de su Consejo Científico), ha sido actora de hechos extraordinarios, como el considerar por oficio dirigido al gobierno de Yucatán, que en la península de Yucatán, “no se encuentra asentada alguna comunidad indígena”, o bien por tener un papel de desinformación durante la consulta, según fue denunciado por la Misión de Observación.
El papel de ECOSUR ha sido importante en todo el proceso, al sintetizar o generar información científica necesaria al debate, demostrando la realidad de la contaminación de la miel por polen de soya transgénica, demostrando la deforestación correlacionada a la siembra de soya, demostrando la afectación a la biodiversidad de abejas – permitiendo el diálogo abierto con el sector campesino para generar elementos claves en los procesos jurídicos – llevando finalmente la información de manera comprensible a los diferentes órganos jurídicos involucrados.
La historia no termina, pues por un lado Sagarpa revoca el permiso sin reconocer sus propias fallas en el control del flujo de semilla transgénica, la deforestación sigue su curso sin acción seria de la Profepa, y el Senasica aún no considera seriamente el papel de los plaguicidas en la muerte de colonias de abejas que también denuncian los apicultores…
En Ecosur podemos decidir, si queremos, involucrarnos en estos frentes y otros, y contribuir a una mejor defensa de los pueblos y del medio ambiente, en la pura aplicación de ley – cada quien en su campo.
Si alguien quiere profundizar el caso, puedo compartir varios documentos, como el documento de revocación, y los dos más impresionantes, donde Semarnat resume los tres dictámenes desfavorables (Conabio, INE y Conanp) y los convierte en un dictamen favorable, así como la carta de Cibiogem en la cual se afirma que en la península de Yucatán, “no se encuentra asentada alguna comunidad indígena”…
